«La Generalitat de Cataluña está abandonando a las personas dependientes. La situación es catastrófica»

Esta dejación de funciones se justifica, en parte, dentro de la inercia de recortes que ha sufrido el presupuesto para el cumplimiento de la ley, que debe repartir al 50% las prestaciones entre el Estado y cada región. En 2012 se aplicó un recorte general del 13% en estas partidas, lo que supueso un «tijeretazo» de más de 5.400 millones de euros, reprueba Ramírez, al frente del Observatorio Nacional de la Dependencia. Se dilapidó en parte y «sigue sin recuperarse la partida inicial –dice– por lo que se va arrastrando esa situación». La entidad de la que está al frente Ramírez extrae sus datos del Ministerio de Sanidad (a través de las estadísticas del Imserso o Instituto de Mayores y Servicios Sociales ) para señalar que una buena parte de los grandes y severos dependientes (grado II y grado III) se concentran en la actualidad en dos territorios, Andalucía y Cataluña, sobre todo.

Cierto es que, por volumen de población, la demanda en ambas comunidades «ha sido muy elevada, especialmente en Andalucía, que congrega al 22% de los dependientes de toda España y con un número de solicitantes muy superior al de la media nacional. Pero el ritmo en que se cubre la atención en Cataluña es insuficiente», apunta Ramírez.

«A partir de los recortes, hubo autonomías que priorizaron la atención a sus mayores. Con una población envejecida, ¿quién no tiene o no va a tener un dependiente a su cargo en su domicilio?», se pregunta Ramírez a voz alzada. Para responderse poco después: «Castilla y León cubre el 100% de las solicitudes. Es la comunidad que mejor ha hecho estos deberes. País Vasco, Asturias, Navara y Castilla-La Mancha lo están haciendo muy bien con la dependencia. Son conscientes de que, como le ocurre a Cataluña, les toca poner el 80% de los recursos y un 20% al Estado. La Generalitat usa el recorte estatal como “coartada”, ha decidido priorizar otras cuestiones y no ha apostado por sus dependientes ni institucional ni económicamente.El Govern no se ha preocupado en los últimos años por las políticas sociales», enfatiza.

No es la primera vez que Ramírez lo denuncia abiertamente. Acomienzos de año acudió al Parlamento catalán a alertar a los diputados de lo que estaba ocurriendo con sus dependientes. «En lo que dure esta ponencia, habrán muerto tres personas dependientes, porque cada media hora está muriendo en España una persona dependiente que tenía derecho a la prestación por su situación personal. Un tercio de las personas fallecidas sin recibir atenciones a las que tienen derecho son catalanas, casi 10.000 catalanes en situación de dependencia fallecen al año en el limbo de la dependencia», repasa sus notas para ABC .

Además, dibujó ante «sus señorías» la situación negro sobre blanco de la comunidad: Cataluña tiene la lista de espera en dependencia más alta de todo el país, de las personas con derecho reconocido aún están a la espera de atención el 31,78% (siendo el 19,2% la media estatal). También es la comunidad que menos beneficiarios ha incorporado porcentualmente al sistema desde 2015, solamente un 22% la mitad de la media nacional.

En los últimos cuatro años sólo ha reducido la lista de espera en un 3,98% (-3.064 personas), cuando la reducción media estatal ha sido de más del 43%. Y lo más demoledor que verbalizó Ramírez, y repite en su conversación con este periódico: « Serían necesarios más de 90 años, al ritmo de reducción de la lista de espera en estos últimos cuatro años para que el Sistema de Atención a la Dependencia en Cataluña atendiera a todas las personas que la necesitan».  

En España, actualmente y tras doce años de aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), un total de 1.304.312 personas están dictaminadas actualmente como dependientes. Según el Imserso, a nivel estatal, 1.083.329 son beneficiarias del servicio de dependencia, lo que representa un 80,8% del total de personas con derecho. Ese porcentaje cae en Cataluña al 68,22%a fecha 30 de junio de 2019.

«Canarias era la comunidad que siempre figuraba en la última posición, es otra comunidad que no hace bien las cosas en este terreno», remarca José Manuel Ramírez. Pero Canarias ya no figura a la cola. Ha adelantado a Cataluña. En estos momentos, hay 235.115 personas que tienen derecho a la prestación en Cataluña y solo 160.390 la reciben.

El XIX dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado en 2019 subraya que la comunidad aporta 967 millones de los 1.430 que supone la aplicación del sistema de atención a la dependencia en Cataluña y que el impacto acumulado en Cataluña del recorte aplicado al presupuesto aprobado en 2007 para dependencia ha sido de 524 millones de euros.

El informe también hace un ejercicio de futuro: «Si Cataluña incrementase el nivel mínimo de financiación en 415 millones de euros, 8.723 personas más serían atendidas».

Mientras las administraciones gestionan con lentitud las solicitudes que se acumulan en sus cajones, las entidades sociales se hacen cargo de miles de personas dependientes en Cataluña. Según explican desde Cáritas Diocesana de Barcelona hay trámites que se alargan más de un año. Durante ese lapso de tiempo, la ONG eclesial da apoyo a ancianos y enfermos. También a sus familias, las otras grandes perjudicadas del abandono que sufre la dependencia en la comunidad. «Para una persona que no se puede mover de la cama doce meses de espera es muchísimo. También para los familiares que se están haciendo cargo de ella. A veces llegan a situaciones extremas en las que les es difícil soportar el día a día», explica a ABC la responsable del programa de gente mayor de la entidad pastoral, Carme Gargallo.

Asimismo, lamenta que en la capital catalana los dependientes más graves solo puedan recibir un máximo de 12 horas de ayuda doméstica semanal, soporte que, según denuncia, es insuficiente y se ha visto recortado en el último año. Otro problema habitual son los trámites a realizar para aumentar el «grado» de dependencia reconocido por la administración. «Pasar de un nivel a otro es muy difícil», explica. A veces, como también denuncia Gargallo, la llegada de las ayudas se retrasa tanto que sus potenciales beneficiarios mueren si haber recibido ningún pago. «Estamos ante un colectivo que, más que nadie, necesita que estas cosas se hagan con agilidad », concluye .