La Junta blindará una financiación estable a los colectivos sociales mediante decreto

La nueva regulación formará parte de la Ley del Tercer Sector , una demanda histórica de las organizaciones, pero la Consejería no esperará a tener esa legislación lista para dar forma al decreto, sino que trabajará de forma paralela en ambas cosas dando prioridad al texto sobre financiación, cuyo borrador ya está listo. «Creemos que es importante garantizar la estabilidad financiera y se llevará a cabo con diálogo y consenso con las asociaciones», aseguró Isabel Blanco. En este apartado, aclaró que «los servicios para las personas no son servicios de mercado y la ley permite una regulación especial para esta serie de servicios». Así, según explicaron desde el Gobierno autonómico, pueden ser «protegidos» mediante una regulación específica que, «respetando los principios de publicidad, transparencia y no discriminación» , sea distinta, en todo caso, de la que rige en materia de contratación pública.

Una legislación «amplia»

Otro de los asuntos principales en los que se centrará el nuevo departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades es el proyecto de Ley del Tercer Sector, que será «muy amplia». El objetivo es establecer el nuevo «modelo de relación institucional» y definir el importante papel que las asociaciones tienen en la región. Por último, Blanco garantizó que durante esta legislatura también será realidad otra de las peticiones de los colectivos: la puesta en marcha de un órgano de coordinación con la Administración que permita estructurar la participación y el diálogo civil en las políticas sociales.

Cerca de ochenta personas acudieron a la reunión con la titular de Familia en representación de las 3.000 entidades sociales que forman parte del Tercer Sector autonómico. A ellos les aseguró que son una parte «fundamental» y que si «Castilla y León está donde está» en materia de servicios sociales es en «gran parte» gracias a su trabajo. La intención de la cita celebrada ayer en la sede de la Consejería era que ambas partes se conociesen y establecer un «diálogo permanente» , explicó la consejera. A partir de septiembre, las reuniones se celebrarán de forma más individual porque cada una de las organizaciones tiene demandas «específicas». Pero a todas ellas les trasladó que la «prioridad» que regirá el trabajo de los próximos cuatro años será «más servicios para más personas».

Combatir la «soledad»

Con el foco en los mayores, expresó, para que, a través del envejecimiento activo, se pueda evitar o «retrasar lo máximo posible» que lleguen a ser dependientes. También se hará hincapié en los casos de «soledad» y en las políticas dirigidas a las familias. «Queremos también que sea la legislatura de la conciliación y la igualdad y centrarnos en la inclusión» , enumeró la consejera al hacer un repaso por la que será su hoja de ruta. La lucha contra la violencia de género será un apartado «fundamental», detalló, antes de llamar a la «implicación de todos» para hacer frente a una lacra que hay que combatir de «forma trasversal desde la educación». «La Consejería se va a implicar ahí en los próximos cuatro años», garantizó.

En el área de Dependencia, la intención del nuevo equipo es seguir mejorando. En concreto, trabajarán por seguir reduciendo los plazos y llegar a un máximo de tres meses para que se realice una valoración y se pueda acceder a los servicios de dependencia, una meta que ya se estableció en la anterior legislatura. «Es un objetivo ambicioso, otras autonomías están tardando ocho meses», explicó.

La inclusión de la Renta de Ciudadanía en el Estatuto, «en manos de los grupos políticos»

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, consideró ayer que depende de los grupos políticos si se incluye o no en la reforma exprés del Estatuto planteada por PP y Cs la Renta Garantizada de Ciudadanía y la Red de protección a las familias. «Para nosotros estas cuestiones siempre han sido una prioridad, pero estamos a expensas de los grupos políticos», dejó claro Blanco. Y es que son los partidos representados en en el Parlamento los que tienen que aprobar la modificación de la norma con una mayoría de dos tercios -54 procuradores-. Las declaraciones de la titular de Familia se producen un día después de que el consejero de Empleo, Germán Barrios, asegurase que la Junta de Castilla y León propondría a los grupos incluir estos dos aspectos en la reforma exprés del Estatuto, algo de lo que no son muy partidarios PP y Cs, que prefieren esperar a una modificación más amplia.