Este es el único escenario en que las comunidades podrían adquirir por su cuenta la vacuna rusa

No se contempla la opción de que la Agencia Española autorice la Sputnik con anterioridad a la evaluación de la EMA. En sus declaraciones públicas, la ministra Carolina Darias ha reiterado en diversas ocasiones que «con respecto a la Sputnik, este Gobierno va estar de la mano de la Unión Europea y de la EMA , haremos lo que digan la Unión Europea y la EMA». Así se pronunció el pasado 11 de marzo en la comisión de sanidad del Congreso de los Diputados. La posición del Gobierno no ha cambiado hasta la fecha.

Una vez superada la barrera de las garantías sanitarias empieza el laberinto legal . Según el acuerdo rubricado por la Comisión Europea en junio del pasado año que articula su estrategia común de vacunación, ningún Estado miembro podrá negociar de manera individualizada la adquisición de dosis con las empresas farmacéuticas que participen en el proceso de compra centralizada. Estas son las ya conocidas y en circulación (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca), la de Janssen que recibió en marzo el aval de la EMA y está pendiente de iniciar su distribución, y las de Sanofi y CureVac, todavía en fase de desarrollo. Es decir, ni la rusa Sputnik ni la china Sinovac tienen acuerdos cerrados con Europa , y a la vista de las últimas manifestaciones de los responsables comunitarios, no se cuenta con ellas para alvanzar los objetivos fijados en la estrategia de vacunación. De hacerlo, automáticamente quedarían vetadas para cualquiera de los 27 o los gobiernos regionales.

De hecho, es esta circunstancia la que permite a Hungría o Eslovaquia haber alcanzado acuerdos de compra directamente con Rusia para adquirir viales de Sputnik sin contravenir los acuerdos comunitarios. Es el escenario que también explora Austria, interesada en hacerse con un millón de dosis del fármaco ruso.

Sería a partir de ese punto, en que Sputnik fuese autorizada pero quedara fuera de los planes de la Comisión Europea cuando pasaría a ser un fármaco disponible para cualquier administración sanitaria española. Fuentes autonómicas consultadas por ABC estiman que la legislación sanitaria estatal no impide que las Comunidades ejerciten su competencia en este ámbito, que no es otro que el de fijar su cartera de servicios sanitarios. Si unas autonomías pueden incorporar prestaciones diferentes entre ellas, ¿por qué no incluir la vacunación contra la Covid-19? Las citadas fuentes concluyen que ni la Ley 14/1986 General de Sanidad ni ningún reglamento que la desarrolle restringe esa competencia autonómica. Además, aseguran que no se contraviene la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, y tampoco se han establecido restricciones en este sentido en los consejos interterritoriales de salud o en las comisiones de vacunas. Es decir, Madrid puede comprar siempre que encuentre un vendedor. Y eso parece tenerlo.