La española que logró que el Papa declare «inadmisible» la pena de muerte

Conocedora de la dificultad de que su carta fuese recibida por el Santo Padre, hizo varias copias del escrito y las fue enviando escalonadamente durante dos años. «Desde Sevilla, y a mis 93 años, le escribo para suplicarle por los pobres más pobres entre los pobres , por aquellos que en el corredor de la muerte de muchos países esperan a que se les quite lo último que tienen, que es la vida. Rogamos y suplicamos se suprima del Catecismo la legitimidad que otorga a este homicidio, que al ser un acto programado, legalizado y con liturgia propia, carece de las circunstancias por las que pudiera ser considerado un acto de legítima defensa», aseguraba la carta de Asunción.

En 2015 le entregó un duplicado al director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Luis Arroyo, quien fue recibido en audiencia por Francisco y pudo entregarle su encomienda. A los ocho días de esta audiencia, María Asunción recibió en su casa de Sevilla una carta escrita y rubricada por el Santo Padre: « Tomo en cuenta lo que me dice sobre el Catecismo y pediré que se estudie el cambio», contestaba el Papa a la propuesta de Milá.

La promesa se convirtió ayer en realidad. Siguiendo el rumbo marcado por Juan Pablo II en 1992 y 1997, el Papa Francisco ha decidido cambiar el Catecismo para declarar que «la pena de muerte es inadmisible» y añadir que la Iglesia « se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo ». El Vaticano presentó ayer el nuevo texto junto con una carta explicativa a los obispos de todo el mundo.

El Santo Padre sale al paso de un repunte en el desprecio de la vida humana que ha llevado a una exaltación del homicidio de los distribuidores de droga en Filipinas y de las ejecuciones de narcotraficantes en Sri Lanka, o a la decisión del presidente Erdogan de reintroducir en Turquía la pena de muerte, abolida en 2004 con vistas al acercamiento a la Unión Europea.

Los países con mayor número de ejecuciones son China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán - que superan entre los cinco el 90% del total mundial -, seguidos por Egipto, Somalia y Estados Unidos. Los números de China son secretos, igual que los de Corea del Norte, que probablemente figuraría en esa lista de los ocho primeros. La pena de muerte es legal en 57 países, pero en la mayoría de ellos no se aplica.

La Iglesia católica se distanció de ese tipo de sentencias en el nuevo Catecismo, redactado para incorporar las enseñanzas del Concilio Vaticano II y promulgado por Juan Pablo II en 1992. El artículo 2.667 marcaba una línea claramente restrictiva pero constatando que «la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye (…) el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas». Aunque rompía con muchos siglos de considerar la pena de muerte como un castigo normal en casos extremos, la rendija que dejaba abierta era demasiado amplia. Después de publicar la encíclica «El Evangelio de la vida» en 1995, el propio Juan Pablo II cambió el Catecismo en 1997 para añadir una nueva restricción: «los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo ‘suceden muy (...) rara vez (...), si es que ya en realidad se dan algunos’ (Evangelium Vitae 56)».

Benedicto XVI subrayó en varios documentos « la necesidad de hacer todo lo posible para llegar a la eliminación de la pena capital », pero Francisco ha sido el primero en declararla «contraria al Evangelio», en algunos discursos.

La nueva redacción del artículo 2.267 del Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que «durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común». Pero añade que « hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves (…) se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado (…) y se han implementado sistemas de detención más eficaces». El artículo concluye: «Por tanto la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que ‘la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona’, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo».

En una carta dirigida a los obispos del mundo, el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recuerda las sucesivas restricciones introducidas por san Juan Pablo II y Benedicto XVI, a medida que mejoraban la sensibilidad moral de las sociedades y la capacidad de los Estados para aplicar la cadena perpetua. Según Ladaria, «la nueva redacción del artículo 2.267 del Catecismo, aprobado por Francisco, se sitúa en continuidad con el Magisterio precedente, llevando adelante un desarrollo coherente de la doctrina católica», basado en la encíclica «Evangelium vitae» de Juan Pablo.

El responsable de la Doctrina de la Fe lo presenta como «un auténtico desarrollo de la doctrina que no está en contradicción con las enseñanzas anteriores del Magisterio» formuladas a lo largo de los siglos « en un contexto social en el cual las sanciones penales se entendían de manera diferente y acontecían en un ambiente en el cual era más difícil garantizar que el criminal no pudiera reiterar su crimen». En el párrafo final, Ladaria precisa que el 28 de junio el propio Francisco aprobó el texto de la carta y ordenó su publicación, por lo que debe considerarse parte de su Magisterio.