España busca modelo para extirpar el tráfico y la explotación sexual de mujeres

El nuestro es un país donde se computan tres burdeles por cada hospital público. Dice Naciones Unidas que España es el lugar con mayor consumo de prostitución de Europa. Solo después de Tailandia y Puerto Rico, el tercero con más demanda del mundo. Y, pese a ello, hasta el momento ningún gobierno ha ideado la «fórmula» óptima que desincentive ese consumo tan elevado.

El Ejecutivo se reunió el pasado 23 de noviembre para darle forma a un anteproyecto de ley, que está aún en fase de elaboración. Pilar Llop, delegada del Gobierno para la Violencia de Género encargada de pilotar este proyecto, confirmó esta semana que aún no se sabe qué camino seguir. «Se escucharán todas las opciones que haya, porque existen distintos modelos y hay que buscar el que mejor sirva en el encaje legal e institucional de nuestro país», dijo en las jornadas «Avances y retos de futuro en la lucha contra la explotación sexual», organizadas por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

El Ejecutivo socialista ignora por qué línea de actuación decantarse: si por el modelo abolicionista, que castiga al cliente y no arresta a las mujeres, que adoptaron Suecia, Noruega, Reino Unido y Francia o el regulacionista, que aprobó Holanda o Alemania, en 2002, para legalizar la prostitución.

Diputados del PSOEreclaman en privado el modelo que inauguró Suecia con una ley pionera en 1999, como destacó en estas jornadas el embajador en España, Lars-Hjalmar Wide , porque persigue extirpar la prostitución de la sociedad a través de las multas a los consumidores y no a las prostitutas. Muchas organizaciones critican, no obstante, que este paradigma recluta este fenómeno aún más en la clandestinidad. Atenor de las palabras de Llop, esta no sería, en principio, la fórmula escogida. El Gobierno español trabaja más en líneas educativas para impartir la materia afectivo-sexual en los colegios e inocular el virus antiprostitución desde la infancia.

Llop impartió una conferencia en el congreso celebrado esta semana en Madrid y que ha contado con las voces de 40 especialistas de 22 países. La delegada dejó reflexiones abiertas al señalar que «está claro que hay que penalizar la explotación sexual, también cuando es el fin de la prostitución, pero hay que tener en cuenta que la Ley de Seguridad Ciudadana ya prevé sanciones administrativas de elevada cuantía», que fija multas de 601 a 30.000 euros y que pueden ascender hasta los 600.000 euros, cuando los proxenetas ofrecen servicios sexuales en lugares frecuentados por menores. Sin embargo, los datos ponen, blanco sobre negro, la dificultad de concretar esas actuaciones punitivas: en 2017 solo se abrieron 103 causas judiciales por este motivo, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado.

España es además, según las fuerzas policiales, país de tránsito de mafias de proxenetismo. Puerta de entrada de miles de mujeres sometidas. Mickey Meji conoce a muchas mujeres captadaspara trabajar aquí. Su entidad, Embrace Dignity, fue el primer movimiento fundado en el continente vecino para tratar de cortar los hilos de esa telaraña criminal que teje explotación en todos los rincones de África. Tiene 38 años y dos hijas. Asus 19 ella misma fue «persuadida»en la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, y obligada a trabajar en pisos y polígonos de la capital, Johannesburgo. Logró salir pasados nueve años y cree que cada día en esa tortura te socava hasta el alma. No recomienda a España el modelo regulacionista, porque parte de apriorismos como el de que «el sexo va a ser más seguro, ya que la transacción comercial puede ser a plena luz del día, pero la acción de la prostitución sigue recayendo en la clandestinidad», opina. ¿El resultado? «Los hombres pueden seguir siendo violentos con las mujeres», dice en una charla reposada con ABC. Lo fueron con ella, pero lo que más le pena es rememorar que sus hijas, de 16 y 19 años, también fueron tentadas por una tratante. Al saber reconocerlo, por la experiencia que tantas veces habían oído a su madre, huyeron. Pero la tratante actuaba «¡en la puerta del colegio!», condena. «¿Y el resto de las chicas, qué pasa si logran engañarlas?», se pregunta esta mujer de aires corpulentos y voz suave. Les ofrecen «cambiar su vida, ser independientes» y a edades tiernas, afirma Meji, se ve la tentadora oferta con ojos inocentes.

Ya no lo es Fiona Broadfoot , que no cree en que ninguna regulación sea efectiva, porque hasta la fecha ninguna ha logrado fulminar al «lobby del proxenetismo». Broadfoot, que también participó en las jornadas en Madrid, es la CEO de la entidad «Build a Girl Project» y en este proyecto de «construir de nuevo a las niñas» rescata a mujeres de las garras de la industria del sexo. Esa que es tan poderosa y rentable (en España la prostitución supone, a la baja, un 0,35% del PIB, más de 4.100 millones de euros) que acalla cualquier acción valiente de un mandatario.

Fiona rebosa resentimiento contra la «masculinidad tóxica». «El patriarcado y el capitalismo permiten que los compradores del sexo formen parte del sistema y éste los sostiene», no los expulsa, dice la británica. Según la ONU, el 39% de los varones españoles ha pagado en alguna ocasión por mantener relaciones. Hay 15 millones de españoles que han ido a prostíbulos o ha solicitado los servicios de una mujer en una carretera, «auténticos campos de concentración para las mujeres», según la definición de Amelia Tiganus, una mujer rumana que «sobrevivió»a años de mercadeo. Todavía hoy, a Tiganus le estremece «el recuerdo del olor a sudor ajeno».

Las tres quieren una sociedad «que crea y mire a la cara» a las víctimas de un delito que atenta contra la dignidad. Hablan de «las supervivientes» de la trata. «Tenemos que criar a los hombres de esta sociedad y no dar pábulo a ideas tibias. La perversión sexual no puede tener cabida en cuanto que hace daño a las mujeres», añade Fiona, porque ellas «son las perdedoras en este sistema sustentado por las legislaciones ambiguas», reprocha. Lo dice con desgarro. Con once años de maltrato del proxeneta en sus carnes. «Desde el primer momento, me disocié, perdí mi dignidad, me deshumanicé por completo. Todas deseamos salir de eso », se emociona.

La delegada del Gobierno adelantó que la norma que ultima España unificará la legislación, «actualmente muy dispersa». Susana Martínez , presidenta de la Comisión de Malos Tratos a Mujeres, lamentó frente a ella que «seamos un referente por la ley contra la violencia de género y no en relación con la trata, que es otro tipo de maltrato». « El inmovilismo es claro », añadió. Y para Fiona y Mickey, el objetivo solo debe ser uno: proteger a las mujeres de un fenómeno criminal que las mata en vida.