Yolanda Cardo

Escuelas Católicas denuncia «la falta de rigor» del informe de la Fiscalía sobre abusos a menores

Pide una «reunión urgente» con la ministra de Justicia y la Fiscal General del Estado

MadridActualizado:

Primero fueron los obispos y ahora es el turno de la patronal de las escuelas concertadas católicas. En un extenso comunicado hecho público este lunes, esta institución que representa al 60% de los colegios católicos de España, manifiesta su «discrepancia» y critica «la falta de rigor» del informe de la Fiscalía General sobre los casos de abusos a menores solicitados por el Ministerio de Justicia.

El informe -que analiza el problema de los abusos a menores solo en el seno de la Iglesia- concluye que la respuesta de las instituciones no solo es es muy deficiente sino que además es opaca. Frente a esta acusación, Escuelas Católicas (EC) solicitó este lunes una «reunión urgente» con la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y con la Fiscalía General del Estado, al recordar que los colegios católicos «son los primeros interesados en combatir esta lacra social que también afecta a la Iglesia.

Según señala, la patronal discrepa con la propuesta de la Fiscalía en que se «deban evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información de un caso de abuso a las autoridades competentes». «Sorprende esta visión, contraria, no solo a la má elemental prudencia, sino también a las indicaciones de la mayoría de los protocolos de la Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, e incluso otros sectores como el deportivo, que recomiendan una primera evaluación de la situación que permita determinar si existen indicios razonables de hechos delictivos susceptibles de ser informados o denunciados a las autoriades», subrayan.

Para Escuelas Católicas, prescindir de una mínima comprobación inicial supondría «judicializar hasta el extremo la vida de los centros, saturar la Justicia y exponer a los menores innecesariamente». También advierte de que esta indicación de la Fiscalía «podría retrasar medidas urgentes imprescindibles» al tener que «esperar a los plazos administrativos».

La patronal también se queja de que las cifras sobre los delitos de abusos sexuales que se exponen en el informe se refieren al conjunto de la sociedad española y no se restringen al seno de la Iglesia, tal como solicitaba la ministra de Justicia. Esta «falta de rigor» genera una cierta confusión no solo dando a entender «intencionada o casualmente» que los datos globales se adjudican solo a la Iglesia y dejando sin atender los ámbitos en los que la lacra de los abusos se da con más frecuencia, como la familias, el entorno deportivo o la escuela en general.

Esta organización recuerda tanto al Ministerio de Justicia como a la Fiscalía que lleva tiempo trabajando en diferentes medidas para prevenir los abusos y actuar eficazmente contra estos delitos. Por ello, rechaza la acusación de la Fiscalía que tilda de «entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad» a las instituciones religiosas católicas. Entre las iniciativas puestas en marcha, Escuelas Católicas señala la obligatoriedad de presentar un certificado negativo de delitos sexuales como requisito para la contratación del personal propuesta en 2014 y su modelo de manual de conducta (2016).

En estos momentos esta institución también trabaja en un protocolo laboral y una guía extensa y detallada para ayudar a los centros a prevenir y atajar cualquier caso de abuso sexual. EC también ha publicado un Programa de Cumplimiento Normativo para centros educativos, disponible gratuitamente en su página web, que propone un marco para la elaboración de protocolos y mecanismos de denuncia y control para delitos, incluyendo los de naturaleza sexual.