Entidades feministas acusan a Montero de asfixiarlas económicamente por ideología

Los fondos han llegado, por primera vez en la historia de todos los gobiernos de España, con casi medio año de demora. Las instituciones de ayuda social los están percibiendo desde mayo y todavía son los correspondientes a 2021. Al abrir el sobre de notificación por el Estado, denuncia a este medio Ana María Pérez del Campo , presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, se encontraron con una «asfixia de un 71% menos de aportación».

Muruaga lo ratifica. Ha recibido 85.000 de los 250.000 euros que permitían mantener sus tres programas de recuperación y atención psicológica de mujeres en una situación de fragilidad. «Es un 70% menos. Lo peor es que hay más dinero que otros años, y aun así, somos muchas entidades las que nos vemos en esta grave situación».

Que hay mayor cuantía presupuestada lo confirma la Plataforma del Tercer Sector: «En la última convocatoria del 0,7%, del año 2021, en términos generales se constata una mejoría del sistema. En torno al 65% de los programas presentados han obtenido financiación (en la convocatoria anterior fueron un 56%). Además, la tasa media de cobertura en la financiación de los proyectos crece hasta el 31% (10 puntos porcentuales más que en 2020). Con todo, la demanda (227 millones de euros) es tres veces superior a la asignación». Continúan: «Por otro lado, hemos detectado que durante los últimos años el coste medio por programa ha ido disminuyendo. Sin embargo, teniendo en cuenta el mayor número de programas y, sobre todo, el aumento de los fondos a distribuir, nos encontramos con que el coste medio por programa ha crecido hasta los 87.300 euros, lo que supone unos 28.400 euros más que el año anterior». Fuentes de esta plataforma confirman que el retraso acumulado sí pone en apuros a numerosas entidades .

Tras el ‘hachazo’, Mujeres para la Salud se ve obligada, después de despedir a tres trabajadoras, a desprenderse de su sede en la avenida Alfonso XIII de Madrid e irse de alquiler a un pequeño local en la calle Colombia de la capital. Con lo percibido por la venta del inmueble, Muruaga visualiza que «sobrevivirán como puedan los próximos 2-3 años». Porque de otra manera «se deja a muchas de estas mujeres abandonadas», protesta.

Pérez del Campo no oculta su profundo enfado con las ministras Ione Belarra e Irene Montero , a quienes más de una vez en público ha afeado sus políticas ‘queer’ en contra del feminismo. «Precisamente las que presumen de defender a las mujeres golpeadas por violencia de género nos cortan el grifo a las instituciones pioneras, mientras en los últimos días vemos cómo España aparece sembrada de cadáveres por crímenes machistas. No es casualidad, el sistema no funciona y ocurren estas cosas cuando se rebaja el nivel de defensa de las mujeres. Encima a las que velamos por ellas nos ahogan».

Su caso es paradigmático. Después de tres décadas gestionando el mayor y primer centro en el país de atención y recuperación integral de mujeres e hijos víctimas de violencia de género y manteniendo oculto su emplazamiento para no desvelárselo a los agresores, esta semana un ayuntamiento madrileño ha hecho pública la ubicación del lugar (cometiendo una grave imprudencia) como grito de auxilio por la escasez de recursos. «Peligra su continuidad», alertó el consistorio, que añadió que por primera vez desde 1990 y después de asistir a 700 mujeres y 800 menores un servicio feminista tan esencial «está en grave riesgo de desaparición» por decisión del Gobierno. «La violencia perdura, y el servicio es esencial», desafió el ayuntamiento a los ministerios de Podemos.

La histórica feminista Pérez del Campo se resiste. No quiere ni oír hablar de despedidas. «Tenemos a 50 familias ahora mismo dentro, 42 mujeres. No las podemos dejar tiradas. Vamos a seguir como sea», asevera, al tiempo que agradece a las trabajadoras del centro que hayan estado cuatro meses sin cobrar. «La Comunidad de Madrid sí nos ha dado 60.000 euros y dentro del plazo. La cantidad que hemos percibido ahora del Estado es ridícula para mantener las plantillas de psicólogas, educadoras, trabajadoras sociales y servicio jurídico. Esta ‘gente’ se ha propuesto cerrar el centro [recado a las ministras moradas], pero les recuerdo que las mujeres votamos. Es una persecución».

En el tercer ejemplo, ADDAS, el objetivo de sus iras es la Generalitat de Cataluña y el sistema pervertido: «Es violencia institucional», agita Gloria Escudero , coordinadora de la asociación pionera para la ayuda a mujeres agredidas sexualmente en esta autonomía. Han sacado la calculadora porque ven una amenaza seria a su pervivencia. «No tenemos liquidez», asevera a Escudero, tras percibir para el mantenimiento y alquiler de la sede durante un año 12.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona y 5.000 de la Diputación. Por un error «técnico», se les ha excluido de las aportaciones públicas de la comunidad-Estado. «El sistema está concebido de una manera que no funciona, tienes que prestar servicios a tiempo pasado, a ciegas, sin recibir aún la ayuda del año anterior. Es un problema crónico, agravado este año por el retraso desorbitado », reconoce a este diario. Por el momento, este junio y tras 30 años de trabajo ininterrumpido se han ido «todas las trabajadoras a un ERTE», se queja.

«Acompañar psicológica y jurídicamente a 350 víctimas de violencia sexual de media cada año exige más dinero. Por primera vez tenemos a personas en lista de espera y ocho mujeres violadas a las que ahora ya no hemos podido ayudar», clama.