Educación concreta en nueve puntos su reforma de la Lomce, entre ellos, que la Religión no compute

El documento ha sido publicado en la web del Ministerio para ser sometido a consulta pública, y contiene nueve puntos que detallan los objetivos del próximo anteproyecto de ley orgánica de modificación de la también conocida 'Ley Wert', aprobada por el Partido Popular en el año 2013 con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, y que desde entonces ha provocado «un frente de críticas y protestas del conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad», según el Gobierno.

El Ministerio sostiene en el documento que la aprobación de la LOMCE ha derivado en diversos «problemas» a resolver, como los itinerarios, que han incrementado «las desigualdades en la educación y perjudicado la inclusión y la equidad». También señala las reválidas y la publicación de los resultados de las evaluaciones por centros, ya que «puede dar lugar a clasificaciones jerarquizadas».

El documento atribuye a la LOMCE la «menor participación de los distintos sectores de la comunidad educativa» y el «desequilibrio de las competencias de gestión a favor del director y de la administración educativa» en los centros. También la reducción del «papel de los poderes públicos en su función de garantizar el derecho a la educación a través de la creación plazas públicas». Algo que la ministra Isabel Celaá ha criticado por permitir que la educación pública «pueda considerarse subsidiaria de la concertada».

Para revertir esta situación, el documento del Gobierno propone «recuperar plenamente, para los poderes públicos, el mandato constitucional de la programación de la enseñanza, apoyando la coeducación», así como «vincular la autonomía de los centros al fomento de planes estratégicos y líneas de trabajo para mejorar su calidad, exigiendo una mayor transparencia en la rendición de cuentas».

También «mejorar el sistema de admisión con políticas activas , con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros», y «diseñar un sistema que atienda los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, garantizando la equidad y la calidad educativa en todos sus niveles y facilitando que ningún estudiante quede excluido, con el fin de lograr un ejercicio efectivo del derecho a la educación».

Sobre la asignatura de Religión, la propuesta del Gobierno pasa por «regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en enseñanzas académicas, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede», según se detalla en el documento.

Además, entre los objetivos de la reforma figura «llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las CCAA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional», y «hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, equilibrando las competencias del director o del titular y del Consejo Escolar».