La ministra Teresa Ribera
La ministra Teresa Ribera - Isabel Permuy

La difícil negociación de la ley de Cambio Climático

El Ejecutivo ya ha enviado el primer borrador a los partidos políticos y prevé presentar la ley antes de 2019

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La publicación del borrador de la Ley de Cambio Climático del Gobierno, que contempla la prohibición de la venta de los coches de combustión e híbridos a partir de 2040, cogió ayer por sorpresa no solo al sector de la automoción sino a los grupos parlamentarios, incluido el grupo con el que el PSOE estaba ya trabajando el texto desde el pasado mes de octubre.

«Hubiéramos preferido un borrador conjunto», comenta a ABC Juan López de Uralde, diputado de Equo en Unidos Podemos. Entre las propuestas del grupo ya se incluía la prohibición a la venta de coches de combustión y, por ahora, la propuesta «les suena bien», aunque demandan «más ambición», medidas intermedias hasta 2050 y ampliar el objetivo del 100% de renovables en 2050 más allá del sector eléctrico. También reclaman una fecha de cierre para el carbón y las nucleares. «La duda que queda ahora es si los objetivos se van a mover a una mayor ambición o menor, dependerá de si el Gobierno prefiere ganar nuestro apoyo o el de otras fuerzas», dice López de Uralde.

«El anuncio contra los vehículos diésel y gasolina no ayuda a un acuerdo, lo cortocircuita», opina el diputado del PP Guillermo Mariscal. Desde el grupo parlamentario reconocen la necesidad de aprobar una ley de Cambio Climático y de lograr una descarbonización de la economía, pero también critican que el Gobierno «quiera liderar un proceso que va más allá de una generación». Mariscal tacha de «poco conveniente» el anuncio y pide que antes se analice el impacto en las familias y la capacidad de la industria para adaptarse. «Si el Gobierno quiere una ley con durabilidad necesitamos incorporar las opiniones de todos, la radicalidad trae consigo inestabilidad», dice Mariscal.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado las «ocurrencias y chapuzas» del proyecto. En declaraciones en el Congreso, Villegas ha reconocido que tiene que haber una política medioambiental a largo plazo en España, pero no puede hacerse «con titulares», sino con consensos entre todas las fuerzas políticas que puedan gobernar de aquí a 2040.

El Ejecutivo, que ya ha enviado el primer borrador a los partidos políticos, prevé presentar la ley en el Congreso antes de que acabe el año. «Es el pistoletazo de salida a la ley», comentó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. «Al país se le presenta un gran reto que servirá para mejorar las condiciones de vida y cumplir con los objetivos internacionales». Su tramitación es un «objetivo urgente» para Pedro Sánchez, según fuentes ministeriales.

Puntos de consenso

Hace apenas unas semanas, la organización SEO/BirdLife publicó un barómetro sobre las posiciones de los principales partidos políticos respecto a la Ley de Cambio Climático, en la que las formaciones valoraron 45 propuestas. La consulta mostró discrepancias respecto al ritmo de reducción de las emisiones, a lo que se añade que la propuesta del Gobierno figura como más ambiciosa de lo que exige la Comisión Europea. De hecho, el Ejecutivo plantea para 2030 unas emisiones totales de 230 millones de toneladas, frente a los 290 millones que fijan los objetivos comunitarios para España.

El barómetro también mostró diferencias sobre la incorporación de energías renovables, la fiscalidad o la rendición de cuentas del Gobierno. Además, no se incluyó en la consulta la posibilidad de prohibir la venta de turismos.

Entre los puntos donde la afinidad era constatable se encontraba la creación de un Comité de Expertos independiente que asesore y fiscalice al Gobierno y el Parlamento; un Fondo y un Consejo de Transición Justa que sustente la transición de los sectores más vulnerables, ambas medidas incluidas en el borrador.

Los partidos también estaban de acuerdo en pedir un análisis al Banco de España sobre riesgos de inversiones, acciones y deudas; medidas que favorezcan el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y unos presupuestos públicos, régimen fiscal e instrumentos financieros alineados con los planes de lucha contra el cambio climático.