Cuarenta confinamientos en el aire

En descargo del sistema, el juez Juan José Carbonero defiende que en este «terreno inexplorado» hasta ahora en el que el camino de la judicatura, el de la política y, por descontado, el de la ciudadanía se van acompasando a golpe incluso de improvisación, las administraciones van «adoptando decisiones novedosas» y si, como ocurrió ayer en Madrid, la justicia dictamina que no son del todo ajustadas a derecho, no significa que no se hagan bien las cosas», sino que es una materia inerte para todos. «Se aprende del error», resuelve.

También lo hacen los magistrados, reconoce Ascensión Martín, portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, que han tenido que aclimatarse a una reforma de la Ley de la Jurisdicción que se aprobó el pasado mes de septiembre para unificar todas las voces diferentes en 17. Por esa reforma, son los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada región los que toman las decisiones sobre los cierres perimetrales de los municipios. Como explica Martín, hay «disparidad de criterios» entre los 17, pero antes de septiembre el «embrollo» se multiplicaba, puesto que hasta las 15 horas eran los Juzgados de lo Contencioso Administrativo los que tomaban las decisiones, y desde esa hora los de Instrucción. El resultado es que sobre «un mismo encierro nos encontrábamos resoluciones muy diferentes», detalla Martín.

Aragón

La Justicia tumba la prórroga del encierro en Andorra (Teruel)

Para Carbonero, que cada autonomía vaya resolviendo no es negativo ni descabellado, puesto que cada territorio está mostrando un perfil distinto en su combate de la pandemia y las restricciones que adopta. Precisamente los magistrados Carbonero y Javier Albar , de la Sala de lo Contencioso Administrativa del TSJ aragonés, dictaron esta semana un auto por el que se tumbaba la prórroga del confinamiento selectivo que el Gobierno de Javier Lambán pidió para una localidad de las que tiene confinadas, Andorra (Teruel). Ante el desconcierto de los 8.000 vecinos, el «confinamiento» fue ilícito porque, al decir del fallo, «restringía derechos fundamentales» de los residentes y necesitaba una autorización judicial previa. Además, «llegó tarde y no se puede razonar por motivos de extrema urgencia», comenta Albar a ABC , porque «el Gobierno aragonés ordenó la prórroga y cuatro días después pidió el aval de la Justicia». Si es por «razones de urgencia» por el repunte de contagios, entonces no dejas pasar ese plazo de tiempo para solicitarlo, considera Carbonero.

Ambos ponen un ejemplo muy claro: hasta la modificación del articulado de la Ley de la Jurisdicción no se precisaba, para estos casos, si había necesidad de una «autorización previa» al encierro o una «ratificación judicial» ulterior. Eso dio lugar a varias confusiones, precisan. Los jueces de Aragón motivan que «el símil en lo penal sería que la policía registre un domicilio sin una autorización» anterior. Es necesaria, más en el caso de Andorra, donde se trataba de prorrogar. Al decir de Albar, el Gobierno aragonés ha tomado nota del auto y para la «vuelta a la fase 2» de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que ya se prepara, ha solicitado ese permiso judicial.

«Otra cosa diferente es que lo mejor para un territorio sea ordenar el cierre inmediato. Por riesgo o incidencia del Covid-19. El símil sería el internamiento que se dictamina sobre un enfermo de tuberculosis que quiere salir y va a toser sobre la población, etc. Entonces la ratificación judicial de la orden de internarlo o encerrarlo por el bien de la salud pública es posterior», disciernen. «Cada caso tiene sus matices, cada confinamiento lo tiene». Su decisión sobre Andorra se reprodujo casi punto por punto ayer en el TSJ de Madrid.

Galicia y Castilla y León:

Municipios molestos emprenden acciones

Hoy por hoy, varios municipios afectados, molestos por el «encierro» arbitrario -como el de Barbadás (Orense)- valoran emprender acciones legales, anticipó el regidor José Carlos Valcárcel. Hasta ahora, los juzgados gallegos han amparado todas las medidas establecidas por la Xunta, anteponiendo la salud pública a la afectación de otros derechos, informa P. Pazos . Lo mismo sucedió en Valladolid, informa J. M. Ayala , que recurrió sin éxito en su día. Ahora se deja en manos del TSJ de Castilla y León la decisión sobre los confinamientos que acaban de estrenar Palencia y León.

Totana y El Segriá:

Se avaló en Murcia; se cambió en Cataluña

Ascensión Martín, del TSJ de Murcia, reseña que los cierres de localidades de Totana o Jumilla han caminado de la mano entre Justicia y el Ejecutivo regional; al revés que el que el Gobierno catalán sufrió en julio el primero de los reveses cuando ordenó el confinamiento domiciliario para toda la comarca del Segriá (Lérida) y un juez tumbó el cierre en varios de los pueblos, porque «los datos epidemiológicos no lo justificaban», informa A. Cabeza.