La controvertida defensa del derecho a la reinserción del psiquiatra que mató a Nagore Laffage

Ruiz de Erentxun revela que hace nueve años, en pleno juicio por el crimen de Nagore, su cliente ya le consultó interesado si podría volver a ejercer su tan amada profesión. Y, lo cierto, es que lo ha hecho pasado ese plazo. De hecho, según ha podido saber este periódico, podría haber sido su pasaporte para conseguir el tercer grado penitenciario el pasado julio de 2017. A Diego Yllanes se le denegó precisamente dicho permiso que le obligaría a seguir durmiendo en la cárcel de Zuera (Zaragoza) en septiembre de 2016, cuando la Audiencia provincial de Navarra alegó que su puesta en régimen de semilibertad generaría una gran «alarma social» y que todavía le restaba buena parte de su condena.

En cambio, tras cumplir 8 años y 11 meses de su pena, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Aragón le concedió ese régimen. Su buen comportamiento en prisión, donde incluso obtuvo un posgrado de Dietética y Nutrición, y su posibilidad factible de reinsertarse en la sociedad a través de la consecución de un empleo rebajaron meses a las tres cuartas partes de la sentencia inicial, que vencía y debía revisarse el pasado 17 de noviembre.

Diego Yllanes fue contratado por la la clínica de Psicología y Psiquiatría del doctor Carlos Chiclana, que pasa consulta en Madrid y Sevilla. Su foto aparecía hasta hace pocas horas dentro del «equipo asistencial» del centro, y ofertaba sus servicios en dos áreas, la Unidad de Psiquiatría del Adulto de la clínica y como dietista/nutricionista. Las tarifas para una primera consulta en esta clínica son de 100 euros. Al conocerse que Yllanes trabajó para su centro, y desatar un gran revuelo social, el doctor Chiclana, un especialista en el abordaje de temas sexuales, se apresuró a aclarar que el joven psiquiatra solo había ejercido en tareas de investigación.

Un extremo que para el abogado que representa al joven de 37 años no es tan relevante: «Es su vida privada, y tiene todo el derecho a rehacerla. Ha liquidado su pena, y su única pretensión es trabajar. El artículo 25 de nuestra Constitución aboga por la reinserción de los presos en la sociedad . La alternativa es la pena de muerte o la cadena perpetua y en este país no se da. Alguien está empeñado en sacar esto a la luz e indagar en su vida privada, pero está en su completo derecho».

Preguntado por la indignación popular que ha provocado su contrato en un área delicada de salud mental, el abogado Ruiz de Erenchun se limita a contestar que él es partidario de la resinserción de un chico cuyo «arrepentimiento fue real». «Pidió perdón a todo el mundo en el juicio , y en 25 años de profesión, le puedo decir que nunca me ha impactado tanto una declaración de arrepentimiento como la suya, con angustia por lo que había hecho».

En noviembre de 2009, los nueve miembros de un jurado popular consideraron «probada la culpabilidad» de Yllanes Vizcay por homicidio, con agravante de superioridad física sobre su víctima. Alos 20 años que pedían las partes les aplicaron las atenuantes de intoxicación etílica, obcecación y arrebato emocional y confesión del delito.