El coronavirus ataca al campo en plena campaña

«Es injusto decir que el rebrote se ha producido por la recolección de la fruta, por los empresarios agrarios o por los temporeros, porque no se puede estigmatizar a estos colectivos, es injustamente incierto», remarcaba ayer a ABC el exsenador y actual diputado regional del PP Antonio Romero, de Osso de Cinca , una de las localidades situadas en la zona aragonesa del rebrote de coronavirus .

Allí siguen sin saber a ciencia cierta y de forma oficial cómo se ha producido este contagio que hasta ayer ya sumaba más de 150 casos en solo cuatro días, en una escalada aún sin freno. La Consejería de Sanidad del Gobierno aragonés no ha desvelado el origen. En la zona se sospecha -y así se ha dicho abiertamente- que la propagación del coronavirus pudo haberse disparado por una la fiesta de unos jóvenes trabajadores de una empresa agraria. Pero la Consejería de Sanidad no se ha pronunciado al respecto.

«De lo que no hay duda es que las empresas agrícolas directamente afectadas, el sector agrario por extensión y los temporeros que trabajan en él han tenido la desgracia de sufrir un rebrote porque el coronavirus sigue ahí, pese a las medidas de prevención que se aplican», indica Antonio Romero . Asegura que los empresarios agrarios -«salvo excepciones que pueda haber como todo en la vida»- han intensificado las medidas de prevención, que facilitan equipos de protección a sus trabajadores, que han adaptado sus instalaciones, los alojamientos que en muchos casos ofrecen a los temporeros que contratan... «Son los primeros interesados en no sufrir un brote que les supone un gravísimo quebranto y que pone en riesgo su propia salud», explica. «Pero, pese a todo, el virus sigue ahí, es un riesgo latente y que, por muchas medidas que se apliquen en las explotaciones agrarias, después no se puede controlar el comportamiento de todos los ciudadanos las 24 horas del día», indica.

La recolección multiplica la actividad y el número de personas en activo (hasta unos 15.000 extranjeros llegan para la campaña entera), pero el riesgo supera con mucho el trabajo en el campo. El Gobierno aragonés , por ejemplo, también aprobó un protocolo de recomendaciones para reducir al máximo los riesgos de contagio durante la campaña. Pero, además de quienes trabajan y están bajo el control sanitario y laboral, hay casos de población flotante que llega sin contrato de trabajo y que se establece de forma improvisada en alojamientos irregulares o en viviendas compartidas en exceso. Y atajar eso resulta más complicado, pese a que algunos ayuntamientos acuciados por esas realidades -caso de Fraga- se han tenido que encargar de habilitar pabellones para acoger de forma ordenada a quienes se han asentado en la zona sin trabajo, sin asegurar, con precarias condiciones sanitarias y sin alojamiento reglado. Ese pabellón acoge actualmente unas 40 personas -su capacidad es para 50-. Tienen ducha, nevera, camas y servicios. Además, hay otro pabellón habilitado para atender exclusivamente a personas de esos colectivos que dan positivo en Covid-19 . Y en ese hay ahora ocho.

La emigración en esta zona proviene fundamentalmente del Magreb y de la Europa del este -búlgaros y rumanos en esencia-. Y algunos vecinos lamentan que «han venido muchos más de los que se pueden emplear», sin que haya habido controles gubernativos para evitarlo, algo que este año es un problema añadido por el riesgo del Covid-19 .

En esta alerta sanitaria que azota al campo de esta parte de Aragón, la clave esencial no es la recolección sino los comportamientos individuales. Insisten en ello las autoridades y lo cuenta ilustrativamente una vecina de Fraga de 66 años y dueña de una empresa de fincas agrícolas que prefiere no publicar su nombre: «Tengo miedo cuando salgo a la calle. Hay gente, muchos de ellos jóvenes y temporeros, que no van con mascarilla, o no respetan las distancias, se juntan y hacen botellones».

Además, hay otro motivo añadido de inquietud: la inmensa mayoría de los contagios que se están detectando son asintomáticos o muy leves. Eso es una ventaja para la red sanitaria, pero es un riesgo latente de cara a los contagios. De ahí que se esté acelerando al máximo la realización de pruebas de detección, para localizar a los infectados cuanto antes, aislarlos y tratar de contener la propagación. Todo ello en comarcas que, pese a la intensidad del brote, no están confinadas y se puede entrar y salir libremente de ellas -ayer, el Gobierno central y el autonómico seguían sin ver necesario el cierre de esas zonas-.

En el lado catalán, la percepción entre los agricultores es que la movilidad de las cuadrillas de temporeros hará inevitable que los brotes de Aragón pasen a Lérida, donde de hecho ya hay al menos una treintena de temporeros aislados tras haber dado positivo. La preocupación crece, tanto en los campos como en las plantas de almacenamiento y envasado. En las fincas fruteras del valle del Ebro se estima que son unos 50.000 los temporeros que trabajarán durante toda la temporada, entre abril y septiembre. De ellos, entre 30.000 y 35.000 en la provincia de Lérida, donde la mano de obra este año es un 20% inferior porque las heladas y las granizadas diezmaron la cosecha. Todo eso en un trabajo, el de la recolección de la fruta, que se cubre mayoritariamente con mano de obra extranjera -los españoles apenas son el 15%-.

El presidente del sindicato agrario Asaja-Lérida, Pere Roqué, defiende que en las fincas se están siguiendo todos los protocolos -guantes, mascarillas, gel desinfectante, toma de temperatura, reserva de alojamientos para aislar contagiados-, y que la inversión que empresas y cooperativas están haciendo en «epis» y adecuación de las instalaciones es millonaria. Pese a todo, reconoce que el riesgo cero de contagio es imposible. «Nadie lo quiere ni nadie lo puede parar», resume.