Europa acorrala a los ciudadanos que no tengan la pauta completa

El último país en acorralar al no vacunado ha sido Francia. El Parlamento galo aprobó ayer en una sesión muy caldeada un pasaporte de vacunación, que sustituirá al actual pase sanitario. En caso de que se apruebe –la medida la tendrá que revisar el Senado–, las personas mayores de 12 años que no cuenten con la vacuna no podrán ir a restaurantes, museos, gimnasios, cines ni usar ciertos transportes o entrar en edificios públicos aunque presenten una prueba de diagnóstico negativa de menos de 24 horas, como se permite actualmente. Tras un intenso debate, los diputados aprobaron el borrador, pese al rechazo de la oposición, de la izquierda radical y de la extrema derecha. En un principio, la idea del Gobierno francés –cuyo presidente Emmanuel Macron ya confesó que su objetivo va a ser «joder» al no vacunado– era que la medida entrara en vigor el próximo 15 de enero, pero la fecha se retrasará hasta que el Senado dé el visto bueno la próxima semana.

Además, durante su tramitación en la Asamblea Nacional francesa, se puso sobre la mesa el debate del control de la identidad de los usuarios del pasaporte vacunal en la hostelería en caso de dudas sobre un uso fraudulento. Desde que el pasado julio de 2021, el presidente Macron anunció por primera vez la obligación de presentar un certificado de vacunación para poder realizar ciertas actividades ya comenzaron a circular falsos documentos, vendidos por médicos negligentes a un precio muy elevado.

Macron ya ha dejado claro en varias ocasiones que aboga por la vacunación masiva para superar la crisis de Covid, dejando atrás medidas antiguas como los toques de queda. Aun así, en el país casi el 90% de los mayores de 12 años ya cuentan con la pauta de vacunación completa, según los datos recogidos por las autoridades sanitarias galas. En Francia, los juristas se debaten entre la limitación a los derechos fundamentales que supone la aprobación de esta medida tan restrictiva, aunque mirando a Italia, el país se ha volcado desde la anterior ola de la pandemia en levantar una barrera al no vacunado, informa J. P. Quiñonero .

Italia ha decidido esta misma semana hacer obligatorio el pinchazo para los mayores de 50 años . Esta medida –que se aplicará a todas las personas residentes en el país, incluidos los ciudadanos europeos y extranjeros– se pensaba fijar a partir de los 60 años, pero se ha rebajado la edad a causa de la rapidez de expansión de Ómicron, con un notable aumento de contagios entre los menores de 60 años. La norma entrará en vigor el próximo 15 de febrero y se prolongará hasta el 15 de junio, según el decreto del Gobierno de Mario Draghi.

Pese a que en el país mediterráneo ya se ha vacunado prácticamente el 90% de la población mayor de 12 años, todavía hay unos seis millones de personas que rechazan la inyección. Por ese motivo, con el fin de vencer esta resistencia, el Gobierno italiano también ha tomado la decisión de solicitar el ‘superpasaporte Covid (’Green pass’) a los mayores de 50 a partir del 15 de febrero para acudir a trabajar. En definitiva, en este país quedarán prácticamente en un aislamiento público los no vacunados y el pasaporte Covid será necesario para casi todas las actividades culturales, sociales e incluso para las actividades laborales, informa desde Roma A. G. Fuentes.

El país más adelantado en este sentido fue Grecia. Los ciudadanos mayores de 60 años ya conocen la obligación de recibir el pinchazo, puesto que –desde que se aprobara el pasado noviembre–, tienen de plazo hasta el 16 de enero para recibir la primera dosis u obtener cita para ello. Quienes no estén vacunados en esa fecha tendrán que pagar una multa administrativa de 100 euros al mes que irá destinada a una cuenta especial para apoyar la sanidad pública, informa B. Castiella.

En el caso de Alemania, la Cámara Baja aprobó el pasado 10 de diciembre el pinchazo obligatorio para el personal sanitario y de residencias de ancianos, que tendrá hasta marzo de 2022 para presentar el correspondiente certificado. Junto a este proyecto, el nuevo Gobierno trabaja ya en un marco legal para la introducción de la vacuna obligatoria de modo generalizado, con el objetivo de tenerlo listo para entrar en el trámite parlamentario en el mes de febrero.

En una situación parecida se encuentra Austria, donde la obligación de recibir el suero también debería entrar en vigor el primer día del próximo mes para los mayores de 14. En cambio, a medida que la fecha se acerca se mantienen las manifestaciones en contra, que alteran incluso el orden público en varias ciudades, y los responsables siguen sin hallar la respuesta al modelo de control que haga efectiva la norma y permita detectar a los infractores, a los que amenazan multas de hasta 3.600 euros, pero el Gobierno empieza a plantearse ahora rectificar y habla de bonificar al que sí se vacune.

Solo el 70% de la población está con la pauta completa en este país centroeuropeo y el Ejecutivo preveía terminar con el problema gracias a una norma muy severa que contempla incluso penas de prisión para los ciudadanos no vacunados que no paguen las multas impuestas tras ser detectados en controles. Pero la coalición de Gobierno, formada por conservadores y verdes, no logra establecer qué tipo de controles son los más adecuados y el nuevo canciller federal, el conservador Karl Nehammer , comenzó a dar pasos atrás hace unos días, añadiendo que quizás haya otros instrumentos más fáciles de aplicar. Justo ayer, el Gobierno austriaco anunció más medidas para evitar otro confinamiento, haciendo obligatoria la mascarilla FFP2 en espacios exteriores si no hay posibilidad de mantener la distancia de seguridad.

La decisión definitiva pasará a finales de enero por el Consejo Nacional, pero los opositores a la vacunación obligatoria quieren evitarlo y han saturado, con 40.000 mensajes con preguntas, la página web oficial del Parlamento, en la que había sido colgado el texto de la norma y se había abierto una vía de consultas, informa R. Sánchez.