Las comunidades indígenas se unen para defender sus derechos frente al expolio de la Amazonia

«Las principales amenazas vienen de los Estados que no garantizan los derechos de estos pueblos y autorizan a las empresas extractivas y petroleras a realizar actividades que dañan y contaminan los territorios», explica Daniela Andrade, responsable de comunicación de la Repam y una de las formadoras de la Escuela de Derechos Humanos, que esta organización ha puesto en marcha para capacitar a las comunidades amazónicas en la defensa de sus derechos fundamentales.

La mayoría de los líderes que están colaborando en la elaboración de este informe se han formado en esta escuela que cuenta con el apoyo de Cáritas Española. En ella, estos líderes --pertenecientes a las distintas comunidades de los nueve países que conforman la Panamazonia-- reciben herramientas, como conocimientos jurídicos y técnicos, para facilitarles el acceso a los sistemas de defensa de Derechos Humanos en sus respectivos países y ante organismos internacionales, como la ONU.

«En la escuela todos van haciendo de la defensa de la Amazonia una causa común porque al final lo más importante es generar un movimiento global de acción dejando que estas comunidades sean las que lo protagonicen», explica Francis Andrade, abogada de la Repam.

Las 120 comunidades quichuas que viven en la provincia de Sucumbíos en plena Amazonía ecuatoriana se sienten desde hace años «invadidas» por las compañías petroleras. Más de 16.000 indígenas son testigos de cómo ha cambiado el paisaje tras la llegada de la industria extractiva.

«Ahora solo conseguimos tener una cosecha al año, los animales que cazábamos han huido y algunos ríos se han secado» , explica Germán Vargas. Desde hace un mes, Germán asiste a la escuela de Derechos Humanos organizada por la Repam (Red Eclesial Panamázónica) en colaboración con Cáritas Española en la localidad de Jaén (a 1.000 km al norte de Lima). «Nuestros territorios han sido saqueados y destruidos y no hemos podido enfrentarnos a estas empresas. Aquí estamos aprendiendo cómo negociar con ellas».

Jeremías Olivera tiene 30 años. Pertenece a la comunidad Povo Mura en el Estado Dos Santos de Brasil. En total son 43 comunidades en las que viven unas 15.000 personas. «Somos un pueblo milenario discriminado por el Gobierno», señala Jeremías. Sus poblaciones en la Amazonia están amenazadas por un proyecto de extracción de silvinita, muy utilizada para la fabricación de fertilizantes.

Este proyecto minero, que se encuentra adjudicado por el Gobierno a empresas extranjeras, utiliza el 75 por ciento del territorio de estos pueblos originarios. «Hay que valorar la Amazonia y su naturaleza. Ellos no la valoran porque no la conocen. Nosotros también queremos el progreso pero sin agredir al medio ambiente», señala, Jeremías, quien recuerda que su comunidad son «los verdaderos propietarios de esas tierras». «Cuando ellos llegaron, nosotros ya estábamos».

Las minas de silvinita y las tareas de exploración del petróleo se encuentran adjudicados a empresas canadienses sin que el Estado haya realizado procesos de consulta previa como establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). «Es urgente que el Estado garantice la seguridad jurídica de las comunidades y sus territorios», asegura Francis Andrade, abogada de la Repam (Red Eclesial Panamazónica).

La comunidad indígena de Ediberto Fabricano paga un alto precio por el engaño que sufrieron sus antepasados. Hace veinte años esta comunidad ubicada en Beni, en el nordeste de Bolivia, cedió al gobierno sus territorios para la explotación maderera, pero el plazo de dicha concesión ha acabado y ellos no han conseguido recuperar sus tierras. «Vinieron en 1983 y nos prometieron progreso para nuestras comunidades, medios para salir adelante pero todo fue un engaño». Un decreto de Evo Morales prometía la devolución de las tierras una vez acabada la concesión de veinte años «pero el engaño se ha perpetuado en el tiempo».

Las tierras en las que viven más 138 comunidades multiétnicas (trinitarios, ignacianos, movimas, yurakaé, chimanos), agrupados bajo el nombre TIM 1, han sido recalificadas por el Gobierno como «fiscales» por lo que han perdido el derecho a su propiedad. «Han explotado nuestros árboles y ahora viven allí lo que nosotros llamamos 'personas avasallladoras' porque no tienen derecho a vivir allí. Queremos que nos devuelvan nuestras tierras», comenta este joven líder de 26 años.

Ediberto ha recorrido miles de kilómetros para participar en la Escuela de Derechos Humanos de la Repam (Red Eclesial Panamazónica). «Me voy de aquí muy fortalecido para defender los derechos de mis hermanos», asegura.