La comunidad educativa califica de «decepcionante» e «incompleto» el documento final de medidas para la vuelta al cole del Gobierno

El documento consta de veintinueve puntos y cinco recomendaciones, y a él se han adherido todas las comunidades, con la excepción de País Vasco, que se ha abstenido por una cuestión competencial. «Esas decisiones son competencia de Euskadi, por tanto no es necesario acordarlas con nadie», señalaron fuentes de la consejería de Educación vasca a ABC. El informe repasa qué hacer en caso de un brote; establece la creación de grupos de convivencia estable para Infantil y primer ciclo de Primaria (añade la recomendación de extenderlo a etapas superiores); dispone el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años; establece la actividad lectiva presencial, «priorizándola para el alumnado de menor edad, al menos hasta 2º de la ESO, y determina la creación de un responsable Covid... (algunas medidas ya eran conocidas por la guía de recomendaciones que Educación hizo pública el pasado 22 de junio).

La comunidad educativa no discute la idoneidad de las medidas sanitarias, pero sí critica que el documento carece de orientaciones educativas . «Las recomendaciones sanitarias son imprescindibles e indiscutibles, pero el documento es insuficiente. La comunidad educativa esperaba otra cosa; por ejemplo, que hubiera un compromiso de las comunidades y del Gobierno para trabajar en la reducción de las ratios de forma efectiva», señala Francisco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. «Las claves de una vuelta al cole segura son las ratios, los espacios y la limpieza, y eso se traduce en más profesorado y otros profesionales, así como más inversiones, pero de eso no ha habido nada», concluye el sindicalista.

En la misma línea opina Nicolás Fernández Guisado , presidente del sindicato de profesores ANPE. «El acuerdo me ha generado insatisfacción, o satisfacción a medias, porque solo recoge una parte, la sanitaria, pero se olvida de la educativa. No se habla de bajadas de ratios, de qué hacer cuando no se pueda guardar la distancia de 1,5 metros por ejemplo, en colegios donde no se puedan acometer obras y se tengan que desdoblar grupos. No queda más remedio que hablar de incrementos de plantilla», apunta Guisado, que también reprocha que no se regula la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO, y aboga por la necesidad de adaptar los contenidos curriculares al contexto de la pandemia y a la no asistencia a clase durante el último trimestre del curso pasado. « Tendremos 17 modos diferentes de regular la vida académica de los centros », lamenta.

«Nos parece un acuerdo de mínimos y en asuntos que tienen poca discusión porque son de índole sanitaria. Pero sigue sin acordar las cuestiones importantes como son la bajada de ratios y la contratación de más personal para los centros. Es decir, las cuestiones fundamentales que requieren una mayor inversión educativa. Desde ese punto de vista, el acuerdo es insuficiente», señala Maribel Loranca , responsable de Educación de UGT.

Los alumnos coinciden con los sindicatos consultados. «Esperábamos otro tipo de medidas; las sanitarias están bien pero son obvias y, por otro lado, no se habló de ratios, de refuerzo del profesorado ni de qué va a hacer el alumno cuando sea positivo o contraiga el virus un compañero, cómo afectará a sus evaluaciones y progreso académico», lamenta Andrea G. Henry , presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes.

Uno de los más críticos ha sido Mario Gutiérrez , presidente de Educación del sindicato CSIF: «Ha sido decepcionante; no se reducen ratios, no se pone personal sanitario en los centros, no se destina el fondo Covid a la contratación de docentes... Sí, dirá Celaá que el dinero lo administra la comunidad, pero ella podría haber determinado una partida finalista, es decir, destinar parte del dinero para una función directa. Las reuniones anteriores se han dedicado a sus guerras partidistas, y la de ayer es motivada por la emergencia social ante la propia inutilidad de las reuniones del gobierno y de las comunidades.

Los padres tampoco se mostraron conformes. «Nos preocupa la incompatibilidad entre los documentos del ministerio y los protocolos de cada comunidad. También hemos echado de menos que hable de la conciliacion laboral si los niños se tienen que quedar en casa», apunta Begoña Ladrón de Guevara , presidenta de Confederación de padres de alumnos (Cofapa).