Cinco profesores de la Complutense, a juicio por manipular concursos de plazas

Según el juez, «de las diligencias de investigación practicadas se desprenden indicios racionales de que los investigados José María Martínez González , Blanca Flora Guisado Moya , Rafael Baca Pérez-Bryan , María Rosa Mourelle Martínez y Lorenzo Arriba de la Fuente , en su condición de miembros de la Comisión de Evaluación para la provisión de nueve plazas de profesor asociado (...) han dictado durante los años 2015 y 2016 resoluciones arbitrarias, manifiestamente injustas».

El auto asevera que la Comisión de Evaluación otorgó «reiteradamente (con distintos argumentos pero contraviniendo lo ordenado por el Rectorado al resolver las reclamaciones del denunciante) una puntuación inferior a 5, con la finalidad de impedir la adjudicación a Jorge Cano Sánchez de alguna de las plazas convocadas».

Este profesor, que había obtenido puntuaciones superiores al ocho en concursos anteriores, caía sistemáticamente al suspenso . Las diligencias del Juzgado llegaron a la conclusión de que el tribunal llegaba «incluso a dar puntuaciones superiores a otros aspirantes con menores méritos (es decir, que o no habían sido profesores en la UCM o tenían menos años de experiencia profesional), con motivo de la animadversión personal contra el denunciante del investigado, José María Martínez González ».

Los hechos comenzaron el 16 de septiembre de 2014, cuando la Comisión hizo una primera propuesta de provisión de plazas «en la que el denunciante quedó fuera con una puntuación de 4,176», penúltimo de ocho aspirantes.

Sí obtuvo plaza la profesora Cristina Barona Dorado , quien, como relató este diario, es otra de las colaboradoras de la trama que lidera el catedrático de la Universidad Católica de Murcia José Luis Calvo Guirado y está vinculada personal y profesionalmente al propio José María Martínez.

El denunciante acudió a la Comisión de Reclamaciones del Rectorado de la Complutense, quien estimó la petición y obligó a los miembros de la Comisión a realizar una nueva propuesta de adjudicación de plazas .

Así, el 12 de febrero de 2015, la Comisión de Evaluación emite una segunda propuesta, pero vuelven a suspender al denunciante, con una calificación de 4,216. El profesor Jorge Cano volvió a reclamar y, de nuevo, le dieron la razón.

El juez destaca los argumentos de la Comisión de Reclamaciones del Rectorado, que en su estimación recogió lo siguiente: «Resulta sorprendente tanto que el reclamante haya obtenido ahora una puntuación inferior a la que se le asignó en las primera propuesta de provisión de plazas como que cada candidato haya obtenido la misma puntuación en todos los concursos». Pese a que la Comisión de Reclamaciones avisa al profesor Martínez y al resto de miembros de la Comisión de que no han « considerado adecuadamente la experiencia profesional del reclamante », en la tercera propuesta de provisión de plazas le dieron un 4,338 y volvió a quedarse fuera.

La historia se repite de nuevo, pero la Comisión de Evaluación se niega a realizar una nueva puntuación alegando que el reclamante « por ley no puede ejercer actividad alguna en el campo de la Cirugía Maxilofacial », motivo por el que no le puntúan.

El profesor Jorge Cano decidió acudir a los tribunales. El juez de instrucción refleja en el auto 572/2017 que « no consta la Ley a la que aluden los investigados para negarse a valorar la experiencia profesional del denunciante ».

El 16 de junio de 2017 se dictó auto de procesamiento contra los cinco investigados por un delito continuado de prevaricación y, como decíamos, también contra la Universidad Complutense de Madrid como responsable civil subsidiaria , por lo que ha tenido que depositar una fianza de 48.324,04 euros. El juicio se celebrará en abril en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.