Cien personalidades avisan al Gobierno de que la sociedad reclama «un final digno y no eutanasia»

Algunas de estas personalidades de la vida pública española han contado ABC las razones por las que han decidido apoyar este manifiesto.

Para la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, la nueva ley de eutanasia que se está tramitando en el Congreso de los Diputados provocará en la sociedad «una desconfianza en el sistema sanitario, ya que destruirá la relación médico-paciente». Por ello, reclama un plan de cuidados paliativos que asegure «una asitencia adecuada a toda la población».

José Luis Corcuera, el exministro del Interior con Felipe González afirma que la legalización de la eutanasia debiera tramitarse como un proyecto de ley y no por la vía exprés de una proposición, ya que «las prisas en un tema tan serio no son buenas consejeras y requiere de un debate profundo de la sociedad».

Elena Postigo, directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria considera que «una ley de profundo calado social» como es la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido necesitan «un debate sereno» y no deberían tramitarse en medio de una situación «tran grave» como la actual pandemia de Covid-19 en la que «han muerto millares de personas solas , y no se ha podido velar, enterrar y hacer un duelo para reconfortar a las familias en circunstancias normales». La ley de eutanasia --señala además esta experta en bioética-- «no responde a una demanda social urgente ni cuantitativamente numerosa».

Carlos Centeno, médico especialista en Oncología, Bioética y Medicina Paliativa y director del Servicio de Medicina paliativa de la Clínica Universidad de Navarra afirma que «aprobar la eutanasia sin que haya servicios de cuidados paliativos en hospitales, sin que se enseñe esta disciplina a todos los futuros profesionales de la salud , sin haber creado la especialidad como en el resto de Europa, sería retrógrado».

Además señala que «supondría ignorar que hay un modo moderno de abordar el sufrimiento intenso por enfermedades graves».

En esta línea de defensa de la vida, este oncólogo apunta que los «cuidados paliativos para todos es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico e ignorado sistemática y prácticamente en todos los gobiernos de la democracia».

Para la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, «ninguna ley puede legitimar quitar la vida». Por ello, subraya que tampoco «ningún país civilizado debe destinar ni un euro para este propósito», ya que la eutanasia es «una ley propia de regímenes totalitarios , utilitaristas y de gobiernos sin conciencia».

Alfredo Dagnino, letrado del Consejo de Estado, señala que la ley de eutanasia es «ilegítima e injusta» , ya que el Estado «carece de legitimidad para determinar cuándo comienza o termina la vida». «Ese es el debate de fondo» para Dagnino, quien invita a preguntarse « si el legislador lo puede todo por muchas mayorías parlamentarias que tenga su iniciativa legislativa».

La presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune, Mónica López Barahona, recuerda que «cuando la ciencia y la medicina no pueden curar, siempre se debe cuidar» .

Por ello, considera la eutanasia como «el mayor fracaso ante una situación de dolor o sufrimiento» . Además subraya que los profesionales sanitarios «se forman durante años para tratar de curar y cuidar a los enfermos, no para acabar con sus vidas».

El exalcalde socialista y exembajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, considera que «la eutanasia es un capítulo más del pensamiento único totalitario imperante que se impone en las leyes sancionando a los discrepantes» .

Entre las «víctimas» de esta nueva ley, destaca sobre todo a los profesionales sanitarios que «no tendrán garantizado plenamente su derecho a la objeción de conciencia».

Ignacio García Juliá, presidente del Foro Español de la Familia asegura que la sociedad española «no quiere que se regule la muerte sino que se ayude a la vida» , sobre todo en estos tiempos de pandemia.

«Es, por tanto, una ley puramente ideológica redactada para contentar a unas bases radicalizadas e instaladas en la cultura de la muerte y el descarte». «No hay ninguna demanda social para una ley así», subraya.

La vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, considera «un enorme cinismo y una gran falta de sensibilidad» pretender ahora tramitar una ley de eutanasia «con más de 50.000 personas fallecidas en los últimos siete meses» como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

La ex dirigente del Partido Popular en el País Vasco asegura además que «lo importante e imprescinble» es legislar en este momento «un plan de cuidados paliativos que eviten el sufrimiento de los enfermos y ayuden a una muerte digna». «No creo que sea necesaria una ley de eutanasia que no quita el dolor pero sí quita la vida», señala.