Castells quiere aprobar un decreto que favorece a su universidad y la de Iglesias

El ministro ya tiene listo su proyecto de real decreto de creación de Universidades, al que ha accedido ABC, en el que cercena la creación de campus privados al pedirle requisitos prácticamente imposibles de cumplir y en el que también se refuerza el papel de las comunidades autónomas en el papel de control de nuevas universidades ya que son estas, a través de las agencias de calidad autonómicas, las que tendrán que velar por que se cumplan las exigencias del nuevo real decreto. Además, le da un guiño a su universidad, la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), donde trabajará a partir de septiembre Pablo Iglesias, al multiplicar por cuatro la proporción alumno/profesor en las universidades online.

Con el nuevo decreto, el Gobierno incrementa los requisitos para crear nuevas universidades: se requiere un tamaño mínimo de la institución universitaria en términos de estudiantes matriculados, así como diez títulos de grado, seis de máster y dos programas de doctorado. A su vez, el 60% del personal docente e investigador (PDI) debe ser permanente; el profesorado que interviene en grados y en másteres debe ser como mínimo doctor en un 50%, a los cinco años de inicio de sus actividades la universidad debe documentar que el PDI que ha obtenido alguna evaluación positiva de su actividad investigadora y los campus deberán dedicar al menos un 5 por ciento de su presupuesto a un programa o programas propio de incentivación de la investigación.

«El Gobierno pretende un control férreo de las universidades públicas y privadas y dejar poco margen a la libertad de creación de centros. El decreto de 2015, que será derogado con esta nueva norma, establecía principios generales que las comunidades podían desarrollar a través de sus agencias y, de este modo, adecuar los criterios a las necesidades educativas del ámbito territorial correspondiente. Con el nuevo decreto el Gobierno quiere uniformar todo el sistema universitario y hacerlo más rígido. El problema es que al establecer ahora requisitos tan pormenorizados cercena el ámbito competencial de las comunidades que tienen poco margen para desarrollar el decreto estatal. Así las comunidades autónomas se convierten en supervisores del legislador central», critican fuentes académicas.

La Conferencia de Rectores Españoles (Crue) dice estar conforme con el documento pero pide modificar «para dar coherencia a la norma» el requisito «de al menos el 50% de doctores para la impartición de grados y másteres», apunta el presidente de Crue, José Carlos Gómez Villamandos. «Hemos venido colaborando con los diferentes ministerios que han tenido competencias en universidades en los últimos años en la elaboración de esta norma, habiendo sido Crue la que inicialmente propuso la existencia de indicadores de investigación, transferencia y académicos. Las diferentes propuestas que hemos ido haciendo en estos y en otros aspectos para garantizar que el termino universidad se utiliza de forma adecuada, se han ido incorporando a este proyecto de real decreto, estableciéndose unos requisitos que consideramos razonables y un paso importante para el sistema universitario español».

El texto ya fue aprobado por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y llegará, previsiblemente, el martes al Consejo de Ministros donde tiene que deliberarse salvo que, a último momento, el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, decida retirarlo. Estas son los puntos más relevantes:

Como ya se mantenía en el borrador inicial, las universidades deberán ahora presentar una memoria para demostrar que actúan como tales y, además, se establece como requisito para la consideración de «universidad», el que cuente con una oferta de enseñanzas conducentes, como mínimo, a la obtención de diez títulos oficiales de grado, de seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado (en el borrador eran tres). «De igual forma, con esta oferta deberán estar representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura)», señala el texto.

También se mantiene que las universidades, y sus centros universitarios, que se creen o reconozcan una vez que este real decreto haya entrado en vigor tendrán un plazo de cinco años «para cumplir con los requisitos docentes, de investigación y de transferencia, de personal docente e investigador y de personal de administración y servicios, y de instalaciones y equipamientos establecidos en el presente real decreto, además de todos aquellos establecidos por la legislación vigente en materia universitaria estatal o de las Comunidades Autónomas, en tanto que desarrollen su programación docente y la planificación plurianual de las actividades de investigación y de transferencia comprometida en la memoria o documentación que ha servido de base para la obtención del informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria y la autorización de inicio de actividad del órgano competente de la Comunidad Autónoma».

En el caso de aquellas existentes en el momento de entrada en vigor del real decreto que no cumplan los requisitos tendrán hasta cinco años para hacerlo.

El texto exige, como en el borrador, que las universidades «deberán dedicar al menos un 5 por ciento de su presupuesto a un programa o programas propios de incentivación de la investigación, en cuanto esta actividad constituye una de las finalidades esenciales de estas».

Fuentes académicas consultadas consideran que este es un 'talón de Aquiles' para las universidades privadas o de nueva creación y es el vehículo de Castells para frenar su puesta en marcha. «Las universidades de nueva creación tendrán serios problemas para poder cumplir con el umbral mínimo del 5 por ciento destinado a la investigación. Según la fundación Cotec, el Gobierno destina aproximadamente el 2 por ciento del PIB a la investigación. Por su parte, el informe de Crue sobre el estado de la universidad española, del año 2018-2019, indica que el 90 por ciento de la financiación que recibe el sistema universitario para la investigación tiene origen público. Así, es difícil que con el 2 por ciento del PIB que el Gobierno dedica a la investigación, las universidades públicas y privadas puedan garantizar en el medio y largo plazo un porcentaje como el que pretende Castells. Si el Gobierno solo destina un 2 por ciento de la riqueza creada a la investigación, no puede pretender que las universidades destinen el 5 por ciento de su presupuesto a la investigación. La única posibilidad real de alcanzar ese porcentaje pasa por incentivar fiscalmente el apoyo a la investigación, a lgo por lo que no parece apostar el actual Gobierno».

«Un punto que creemos necesario modificar –dice la CRUE– para dar coherencia a la norma es el requisito de al menos el 50% de doctores para la impartición de grados y másteres (el borrador pedía un 70 para máster)». Para este organismo, «dado que se exige que el personal docente temporal en la universidad no supere el 40% (lo que supone que al menos el 60% sea personal permanente), y puesto que las figuras de estabilización, y también las de incorporación al sistema, exigen el grado de doctor, creemos que, por coherencia, se debería exigir, al menos, un 60% de doctores para la docencia de grados y másteres, con la salvedad que la norma recoge para Ciencias de la Salud».

El texto señala que «cuando la universidad imparta enseñanzas en la modalidad virtual, pudiendo oscilar entre 1/25 y 1/50 en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor presencialidad –pudiéndose establecer excepciones justificadas, que en ningún caso podrán superar la ratio 1/100, que deberán contar con autorización expresa de la administración competente–». Para algunas fuentes que prefieren no desvelar su identidad esto es una ayuda directa a las universidades online, (aunque el texto es algo más restrictivo que en el borrador), en concreto, la Oberta de Cataluña, donde ha enseñado Castells y donde ahora imparte clase Pablo Iglesias porque podrían llegar a albergar a 100 alumnos por profesor teniendo en cuenta que es la Generalitat quien decide cuál es el límite y además es impulsora de este campus.

El texto señala que las universidades «deberán velar por la calidad de toda su oferta académica (oficial y propia, incluyéndose en esta la formación permanente) a través de los sistemas internos de garantía de la calidad, que deberán ser certificados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por las agencias de calidad creadas por ley de las comunidades, en cuyo territorio se haya establecido la universidad»

Los cursos que las universidades pueden hacer para la formación continua de profesionales serán títulos propios . En este sentido, se abre una contradicción con el borrador de la ley de Formación Profesional (FP), ya que mientras los títulos propios tienen un control garantizado por la universidad, los cursos de formación continua que establece el borrador de la ley de FP tienen controles más laxos, lo que supone una ambigüedad en cuanto a la calidad que se busca con estos cursos. Los de la universidad estarán respaldados con sistema de garantía de calidad, mientras que los otros no, lo que demuestra, además, la poca comunicación que hay entre los ministerios (de Educación y Universidades) a la hora de abordar temas tan importantes como la formación continua.