Castells dice que «no hace falta poner al Rey» en la nueva ley de Universidades porque un decreto de 2010 ya lo menciona

El ministro de Universidades, Manuel Castells , que ha comparecido junto al ministro de la presidencia, Félix Bolaños , y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez , ha señalado que la nueva norma «es un componente clave» de la acción del ministerio en cumplimiento del programa de Gobierno. «Nuestras universidades se rigen por una ley de Universidades de hace 20 años y las cosas han cambiado; cabe decir que esta ley respeta escrupulosamente las competencias autónomicas y la autonomía de las universidades», señaló.

Tras finalizar la rueda de prensa y a falta de que se le dé la palabra a este periódico, el ministro Castells dijo, preguntado por ABC por la desaparición del Rey de la expedición de los títulos oficiales que « no hace falta poner al Rey, sería redundante » porque un decreto de 2010 ya lo menciona.

El anteproyecto, tal como adelantó ABC, indica que solo el rector expedirá los títulos universitarios oficiales. Ya no serán expedidos en nombre del Rey, que desaparece de la redacción en la nueva ley . Mientras que en la norma vigente se señala: «El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán expedidos en nombre del Rey por el rector de la universidad».

La justificación de Castells ha sido que el decreto de expedición de títulos del año 2010 sí menciona la figura del Monarca. El problema es que un real decreto no está por encima de una ley orgánica que, si quita la figura de Felipe VI, un real decreto no puede contradecir . De hecho, el mencionado real decreto de 2010 desarrolla la norma vigente, es decir, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (y sus posteriores modificaciones). Dicho de otro modo, si hay una nueva ley orgánica, tiene que haber un nuevo real decreto de expedición de títulos. Castells, ante esto dijo: «Es que todavía no hay ley orgánica aprobada y además no quita nada».

Castells añadió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «para elaborar este anteproyecto hemos procedido durante un año a la consulta de múltiples actores, todos los órganos colegiados, a los rectores, estudiantes y grupos parlamentarios. Hemos hecho 70 reuniones en este sentido y hemos recabado las opiniones, que hemos intentado sintetizar en este texto ».

«Obligamos a que las universidades dediquen un 5 por ciento del presupuesto a la investigación; reforzamos el papel de las agencias de acreditación , hay itinerarios abiertos, la mención dual y establecemos una nueva figura, la de profesores distinguidos como método de atracción del talento internacional al más alto nivel».

También añadió que «se acercan al empleo estableciendo pasarelas con la FP y sentamos las bases para acabar con la precariedad del personal docente e investigador».

El ministro también enfatizó en la equidad entre hombres y mujeres y que reafirman «las unidades de igualdad». En cuanto a los estudiantes, « la razón de ser de la universidad », el ministro ha dijo que reafirman la política de becas. Además, «incrementamos la participación de los estudiantes, establecemos la creación de un consejo de estudiantes, que sea un órgano de cada universidad».

Si bien inicialmente, fuentes consultadas por ABC habían señalado que se trataría de una ley ‘corta’ que no entraría en el detalle de los grandes ejes del sistema universitario, el borrador al que ha accedido ABC tiene casi 90 páginas, 107 artículos y quince títulos además del preliminar.

El anteproyecto es un recorrido por la perspectiva de género y la memoria democrática, aborda la creación de centros, el reconocimiento de títulos, el régimen jurídico, económico y financiero de las universidades públicas, así como la investigación y las distintas figuras : personal docente e investigador, técnico, de gestión y de administración y servicios. Se trata de la tercera ley universitaria de la democracia y ninguna de las dos anteriores hizo lo que esta. Ni la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, ni la de 2001 (con su modificación de 2007) olvidó al jefe de Estado. La ‘ley Castells’, sin embargo, elimina las funciones del Rey de España.

El anteproyecto, tal como adelantó ABC, indica que solo el rector expedirá los títulos universitarios oficiales. Ya no serán expedidos en nombre del Rey, que desaparece de la redacción en la nueva ley, mientras que en la norma vigente se señala: «El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán expedidos en nombre del Rey por el rector de la universidad». Tras finalizar la rueda de prensa y sin que se le diera la oportunidad de preguntar a este periódico, el ministro Castells dijo sobre la desaparición de Felipe VI de la expedición de los títulos, que «no hace falta poner al Rey, sería redundante» porque un decreto de 2010 ya lo menciona. El problema es que un real decreto no está por encima de una ley orgánica que, si quita la figura del Monarca, un real decreto no puede contradecir. De hecho, el mencionado real decreto de 2010 desarrolla la norma vigente, es decir, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (y sus posteriores modificaciones). Dicho de otro modo, si hay una nueva ley orgánica, tiene que haber un nuevo real decreto de expedición de títulos. Castells, ante esto dijo: «Es que todavía no hay ley orgánica aprobada y además no quita nada», espetó Castells.

«Pretenden ahora que en los decretos se regule materia de ley o que contradigan la ley orgánica. Por tanto, técnicamente es una aberración y políticamente inaceptable borrar al Jefe del Estado de la expedición de títulos», opina María Jesús Moro , profesora de Derecho Civil y portavoz de Universidades del PP.

Por su parte, el diputado de Vox, Pedro Fernández , dijo que se trata de una norma que «al impedir que el Rey pueda aparezca en los títulos universitarios es una ley contra la universidad, contra la libertad y contra España».

Otra novedad adelantada por ABC en el mes de mayo y desmentida por el ministro. Entonces, dijo que poner profesores como rectores era una iniciativa del PSOE, no suya . Posteriormente, en una entrevista con este periódico dijo que se estaba pensando la propuesta. Finalmente, sí es iniciativa del Gobierno. «Los candidatos o candidatas deberán de ser funcionarios o funcionarias de los cuerpos docentes universitarios con un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal». Además, el mandato del rector será ahora de seis años improrrogables. El ministro ha justificado que se cambia la «definición por rango a una por méritos».

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya dejó clara su postura al respecto . No está de acuerdo . «El rector, como máximo representante académico de la institución, debe pertenecer al cuerpo de catedráticos de universidad y debe contar con una carrera académica y de gestión universitaria consolidada, con unos requisitos mínimos de docencia, investigación y transferencia, y gestión universitaria establecidos en los estatutos de la universidad», apuntaron en el documento de propuestas para la ley que le hicieron llegar a Castells.

El anteproyecto señala que « se podrán establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres. A tal efecto se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate».

También se dedica otro artículo a las unidades de igualdad y de diversidad. Aunque este tipo de unidades en la práctica ya existen en muchas universidades públicas, la ley lo pone sobre el papel. «Las unidades de igualdad serán las encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias de igualdad entre mujeres y hombres, así como de la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad ». En el caso de las unidades de diversidad, «serán las encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias antidiscriminación en el conjunto de actividades y funciones de la universidad».

El texto pone condición a las universidades, como requisito para su creación y reconocimiento, contar con un «plan de igualdad de género de política universitaria y un plan de igualdad de género de recursos humanos, un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, y un registro retributivo del conjunto del personal contratado y funcionario».

Algunas privadas reconocieron hace meses su temor cuando vieron el documento de consulta enviado por el ministerio a la comunidad universitaria sobre la nueva norma. En él se preguntaba por la fiscalidad de las universidades privadas. «Hay que distinguir las universidades privadas sin y con ánimo de lucro. ¿Creéis que debe haber un trato fiscal distinto en función del tipo de universidad? ¿En qué sentido?».

En una ambigua disposición sobre la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicada el pasado sábado por ABC y que recogía el borrador, se señalaba que no quedarían exentas del impuesto «la educación universitaria referida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, prestada por entidades que no sean de Derecho Público o establecimientos privados de carácter social».

Esta disposición final segunda que estaba en el borrador al que ha accedido ABC ha sido eliminado del anteproyecto que este martes ha hecho público el Ministerio de Universidades tras la reunión del Consejo de Ministros.

Además, el apartado dedicado al régimen económico-financiero de las universidades privadas se establece que estas destinarán «al menos un 5 por ciento de su presupuesto a programas propios de investigación ». Esta misma condición figura en el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios aprobado adelantado por este periódico y aprobado el pasado 27 de julio. Entonces, fuentes académicas consultadas consideraban este porcentaje de investigación un ‘talón de Aquiles’ para las universidades privadas o de nueva creación y el vehículo de Castells para frenar su puesta en marcha.

La ‘ley Castells’ también señala que «las comunidades regularán los mecanismos de inspección necesarios de las universidades privadas y podrán requerir, a tal efecto, cualquier tipo de información económico-financiera de las mismas y de los centros privados adscritos a universidades públicas».

La norma señala en su preámbulo que «la autonomía del aprendizaje en un entorno digital permite al profesorado centrarse en guiar la reflexión superando el papel tradicional de control de la memorización , habida cuenta la disponibilidad y accesibilidad de la información a través de internet», señala el borrador del anteproyecto de ley de Universidades. Esta opinión, sin embargo, ya era conocida. Castells dijo en una entrevista a EP que de acuerdo con su experiencia «de décadas de enseñante, el componente memorístico de la educación tiene cada vez menos sentido, entre otras cosas porque la información está toda en internet». Señaló también que «lo importante es la capacidad autónoma de procesar información y de aprender a analizar y a razonar por sí mismos en lugar de repetir como papagayos».

Otra novedad adelantada por ABC. Los estudiantes, «la razón de ser de la Universidad», como se refirió a ellos ayer Castells, entran al Consejo de Universidades. Se trata del «órgano de coordinación académica del sistema universitario español, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria», recuerda la norma.

En la norma vigente, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) este estaba compuesto por los rectores y por cinco miembros designados por el presidente del consejo. Ahora, la norma deja clara que uno de esos miembros habrá ser un representante del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y otro de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

La norma pretende reducir del 40 al 20 por ciento el máximo de contratos de carácter temporal del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas. No se computará a tal efecto el profesorado asociado de ciencias de la salud, por su naturaleza específica, aclara la norma. En cualquier caso, esta medida no resuelve la precariedad de la carrera universitaria porque se puede seguir nombrando profesores sustitutos o, lo que es lo mismo, interinos. UGT ha denunciado la ausencia de negociación con los representantes de los trabajadores de las universidades por parte del ministerio y agregan que hablarán con los grupos políticos «para mejorar el texto porque, por el momento, se queda corto en medidas para combatir la precariedad y aportar soluciones para los colectivos de mayor inseguridad laboral».

Como ocurre en el caso de la perspectiva de género, la memoria democrática también ocupa un lugar fundamental en la nueva ley. El objetivo de la norma es que esta impregne todas las ‘patas’ del engranaje del sistema universitario. Así, señala que las universidades deben promover «en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática como forma esencial de educación de las nuevas generaciones».