El Ayuntamiento de Palma obliga a todos sus funcionarios a hablar en catalán por defecto

«Se tiene que hablar en catalán con los ciudadanos, y en castellano si piden ser atendidos en esta lengua», recoge el escrito bajo el título ‘Información sobre el uso de las lenguas oficiales en el Ayuntamiento de Palma y en sus organismos autónomos’. De este modo, el consistorio liderado por el alcalde socialista José Hila permite atender en castellano sólo en caso de que el público lo solicite expresamente , nunca de forma habitual.

La misiva recuerda también a los funcionarios públicos que tienen limitado el uso del castellano en los escritos internos y externos , los impresos, los rótulos, la información sobre las actividades municipales y los convenios y contratos. En el caso de los escritos internos y externos, «tienen que ser en catalán, menos los externos que se envíen a personas o entidades que soliciten una versión en castellano o estén radicados en lugares donde el catalán no es oficial».

Los impresos tendrán una versión en catalán, «que es la que se tiene que ofrecer a los ciudadanos», impone el Reglamento, y se dispondrá de una versión en castellano a disposición de quien la quiera usar. Los escritos que se publiquen en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BdOIB) han de ser en catalán y castellano , mientras que los rótulos y los indicadores han de estar siempre en catalán. «Se podrán añadir en castellano si se considera que puede ser difícil de entender para una persona que no sabe catalán », propone a voluntad del funcionario.

«Las actividades municipales se difundirán en catalán y sólo en castellano y otras lenguas si las características de la actividad lo hacen aconsejable», vuelve a proponer dejando esta posibilidad a criterio del empleado público . Por último, los convenios y contratos han de ser en catalán y «si la otra parte lo pide en castellano, se harán en catalán y castellano», recuerda el edil nacionalista en este resumen del Reglamento trasladado a los funcionarios públicos para «facilitar su trabajo y evitar que incurran en un incumplimiento de la normativa». Porque «cada vez que se incumple el Reglamento se generan unas molestias a la ciudadanía que no se ajustan a la voluntad municipal», explica Carrió.

La llegada al Govern en julio de 2015 de la coalición entre el PSIB-PSOE y los nacionalistas de Més, con el apoyo externo, pero fundamental, de Podemos, extendió la imposición del catalán en las Islas. La presidenta, Francina Armengol, y por ende el PSOE balear, se han alejado de una parte de su electorado y se han alineado con la postura de sus socios independentistas para no poner en peligro su pacto de Gobierno. Esto ha dado pie a un intenso intervencionismo en materia lingüística en todas las esferas públicas, incluyendo la sanidad y recientemente la justicia.

En el Ayuntamiento de Palma se ha eliminado el bilingüismo desde 2015 . La alianza PSOE-Més-Podemos sacó a al PP de la institución y la instrucción que permitía a los funcionarios hacer el trabajo interno en castellano quedó derogada. El socialista José Hila (que gobernó los dos primeros años de mandato, y en esta segunda legislatura) -con el nacionalista Antoni Noguera como alcalde de 2017 a 2019- pusieron en marcha todo tipo de medidas para «impulsar el conocimiento y el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos y sectores de la sociedad y promover la participación ciudadana en el proceso de recuperación lingüística». Incluso eliminó la versión castellana de los Premios Ciutat de Palma.

Para el PP, este tipo de medidas provocarán que la gente «coja aversión al catalán por la imposición». «Los funcionarios están enfadados porque no es la manera de darle una instrucción y, además, no lo merecen», critica la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Merceres Celeste, que considera que el Consistorio ha generado un problema donde no lo había.

Critica que «esta instrucción da a entender que los funcionarios no hacen bien su trabajo y deja entrever que hay problemas con la atención a los ciudadanos , cuando no es así. Los empleados públicos se comunican lo mejor posible y aplican el sentido común», indica Celeste, que critica la «falta de liderazgo» del equipo de gobierno actual.

El PP cree que este Reglamento no tiene sentido y asegura que, si gobierna, lo modificará por otra normativa en la que «las dos lenguas estén equiparadas, y no una ninguna primero y otra después». «Los reglamentos tienen que ser para ayudar a trabajar y no meter más presión a los trabajadores», concluye la portavoz popular.