Los examinadores de Tráfico convocan una nueva huelga en diciembre

El pasado mes de mayo todos los grupos parlamentarios del Congreso respaldaron por unanimidad una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para que los examinadores de tráfico recibirán un complemento salarial de 250 euros al mes este año tras la huelga que protagonizaron el año pasado

Después de los cinco meses de huelga de 2017, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ha vuelto a convocar un paro en el sector ante el retraso en el cobro de ese complemento, una situación «incomprensible», a juicio de Báez, que ha emplazado al Ejecutivo a adoptar de manera urgente los trámites oportunos para solucionarlo.

En concreto, Asextra ha convocado del 10 al 21 de diciembre una nueva huelga y están «sopesando» convocar una manifestación para el día 10 de diciembre, en Madrid.

«La voluntad social de Gobierno no puede frenarse y llevar a la ruina a un sector que todavía está sufriendo las consecuencias de la huelga del año pasado, le urgimos a que no caiga en una dejadez que impida la puesta en marcha de un acuerdo del Congreso», ha añadido.

Según el presidente de CNAE, la huelga del pasado año «hizo mucho daño» al sector y hay determinados territorios donde todavía no se han recuperado de sus consecuencias lo que genera en algunos casos esperas de hasta dos meses para examinarse dado que, en el conjunto de España, serían necesario contar con 230 examinadores más.

Báez ha hecho estas afirmaciones durante su participación, junto al director general de Tráfico, Pere Navarro, en la 48ª Convención Internacional de Autoescuelas en la que se ha presentado un estudio sobre la formación presencial teórico-práctica obligatoria para la obtención del permiso de conducir en España.

El informe revela que cerca del 90 por ciento de los conductores españoles considera que esa formación presencial en la autoescuelas debe ser obligatoria para obtener el permiso de conducir, una medida ya implantada en el 83 por ciento de los países europeos.

En este sentido, Navarro, que anunció recientemente que el Gobierno legislaría para implantar un número mínimo de clases presenciales, ha señalado que la noticia no es tanto que ahora se adopte esta medida sino el hecho de que hasta ahora no se hiciera.