Armengol rebaja los requisitos para colocar a la nueva jefa de Inspección Educativa

La Conselleria de Educación publicó el decreto 20/2021 el pasado 30 de marzo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) para determinar «el papel importante» de la Inspección Educativa en la gestión de los fondos europeos, que tendrá que hacer «el seguimiento y la supervisión de la documentación que los centros deberán remitir al Organismo Intermedio en relación con la gestión de los fondos europeos para la financiación de estos planes».

Acto seguido, la resolución firmada por el conseller Martí March, aprovecha para colar «la reducción a tres de los años de antigüedad en el cuerpo de inspectores al servicio de la Administración educativa» para «favorecer una mayor concurrencia para optar a la ocupación de este puesto de trabajo [jefe de la Inspección Educativa]».

Sólo nueve días después de la publicación, rebajando los requisitos, el jefe de la Inspección Educativa, Antoni Arbós , anunciaba su jubilación forzosa y el conseller nombraba a dedo a Camila Tudurí bajo la fórmula de libre designación.

La docente menorquina, ligada a la marea verde en 2013 en contra de la política educativa del PP, no acreditaba el mínimo de cinco años que exigía la normativa de 2001 para ocupar el cargo. Las últimas pruebas selectivas de acceso a la Inspección Educativa se convocaron por resolución el 25 de febrero de 2016, y la incorporación de la mayoría de inspectores se produjo a raíz de este proceso selectivo el 1 de septiembre de 2017.

Preguntada por ABC, la Conselleria de Educación argumenta que esta «propuesta» fue avalada por los servicios jurídicos propios y que se trató con los dos sindicatos de inspectores Adide y USIE, «que se manifestaron favorables a la modificación». Posteriormente, el conseller informó a todos los inspectores actuales en el plenario de este organismo. Reconoce implícitamente que Tudurí no tenía suficiente experiencia en el cuerpo, aunque ya no es un problema gracias al nuevo decreto.

«Esta maniobra denota el amiguismo en un órgano tan serio como es la Inspección Educativa», denuncia Núria Riera , diputada del PP, quien hace hincapié en la fecha de publicación del nuevo decreto “el martes Santo, como estrategia para que pasara desapercibido”.

El PP ha registrado una batería de preguntas en el Parlament balear en las que pide explicaciones sobre cuáles son los criterios técnicos en que se basa la Conselleria de Educación para pedir sólo tres años de experiencia para ser el jefe del departamento de la Inspección Educativa mientras que para ser director educativo se necesitan cinco años.

El PP sostiene que dentro del cuerpo de inspección había muchos candidatos que cumplían el requisito de antigüedad (acreditaban más de cinco años) y opina que este cambio obedece al deseo del conseller March de colocar a una persona afín.

Riera se pregunta a propuesta de quién se ha realizado este cambio y alerta de que debería haber pasado unos trámites previos para su aprobación, como por el Consejo Escolar de las Islas Baleares.

El nombramiento de Tudurí se produce en un momento crucial para la Conselleria de Martí March, que encara la última mitad de legislatura en la última fase de tramitación de la primera ley autonómica de Educación, que nace muy lejos del consenso que prometió en conseller, y que, además, blindará la inmersión lingüística en los colegios como exigió Més, socio de gobierno del PSOE.

El anterior jefe de inspección, Antoni Arbós, jubilado forzosamente por edad, nunca actuó ante las numerosas denuncias de adoctrinamiento en los centros , como las sentadas en los patios a favor del referéndum ilegal de Cataluña, carteles a favor de los políticos presos o el reparto de lazos amarillos por parte una profesora de un instituto.

Arbós tampoco revisó los libros de texto politizados que se usan en buena parte de los centros de Baleares y tampoco tomó cartas en el asunto cuando la dirección de un instituto en Ibiza prohibió a un docente de inglés hablar en castellano alegando que el catalán estaba «por encima de sus derechos individuales». «Hasta ahora no hemos detectado ningún caso de adoctrinamiento», declaró en una comparecencia en el Parlament balear el pasado mes de septiembre. Cinco años dando carpetazo a todos los casos.