Todos los partidos excepto Vox cierran la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

«Es una cuestión de Estado luchar contra las violencias contra la mujer- Hoy hemos hecho política de Estado», se ha felicitado esta tarde Irene Montero después de que las formaciones hayan llegado a este acuerdo, que la ministra ha atribuido entre otras personas a la labor de su número dos, Ángela Rodríguez, que ha tenido muy buena sintonía con la portavoz de Igualdad socialista, Andrea Fernández , entre otros. Cabe recordar que Fernández reemplazó al frente del área socialista a la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo, con quien mantuvo estrechas discrepancias la propia Montero. En opinión de Montero, lo mollar de esta actualización del Pacto de Estado es que «garantiza una financiación estable a las entidades feministas, como para mejorar las condiciones presupuestarias que permiten la ejecución de los fondos del Pacto de Estado».

La firma de todos los portavoces (PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, Junts, PdeCAT, EH Bildu, Coalición Canaria, Compromís, Más País-Verdes Equo, BNG y Teruel Existe, salvo la de Santiago Abascal) ha llegado en un día muy simbólico, el 25 de noviembre,el Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Las negociaciones, pilotadas por el Ministerio de Irene Montero desde hace semanas y el área de Igualdad del PSOE (a través de la diputada y abogada laboralista Andrea Fernández ) con el partido de Pablo Casado , se han prolongado hasta hoy mismo por la mañana. La intención desde que se retomaron los contactos era que estuviera cerrado coincidiendo con el 25-N. Hoy en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso y a las 16.00 horas Pedro Sánchez , presidente del Gobierno, ha presidido junto a la ministra Montero y los portavoces de todos los grupos parlamentarios -salvo Vox- la firma, así como por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil .

Las trece medidas acordadas por las principales fuerzas parlamentarias llaman a consolidar un sistema de cogobernanza, de cooperación institucional y de actuación especializada en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones forales y en las entidades que integran la administración local. En este sentido, se recuerda la necesidad de respetar el ámbito competencial de las mismas y seguir el espíritu del Pacto de Estado de situar a los municipios en el primer plano de respuesta.

También se recoge el compromiso a una «financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico» que permita mantener las actuaciones y políticas frente a esta lacra. Pero, además, según se explica en el documento, en cumplimiento del Convenio de Estambul, el compromiso también pasa por garantizar la financiación de los fondos del Pacto para el desarrollo por parte de ONG, tanto estatales como autonómicas, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas.

Los firmantes de este texto también apuestan por asegurar la especialización profesional de todos los sectores que intervienen, directa o indirectamente, en la prevención de la violencia, en la atención a las víctimas y/o tienen relación directa con los perpetradores, especialmente en el ámbito de la justicia.

Del mismo modo, proponen establecer la obligación de aprobar cada cinco años una Estrategia Estatal frente a la violencia contra las mujeres, como marco de política pública que ponga las bases para el desarrollo efectivo de la normativa sobre la materia; y hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención.

Este último, señala el texto, «deberá englobar las cuatro iniciativas principales: programas de educación; campañas institucionales de concienciación social, dirigidas en particular a hombres y niños; políticas dirigidas al sector de las tecnologías de la información y los medios de comunicación, con especial atención a la prevención de la violencia en el ámbito digital, y campañas de toma de conciencia o autopercepción sobre las violencias machistas dirigidas a mujeres».

El acuerdo también recoge la necesidad de «adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul, asegurando una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres» que se incluyen en el Pacto; reforzar la protección de aquellas mujeres que enfrentan otras formas de discriminación y son doblemente vulnerables -mayores, migrantes, rurales, minorías étnicas, con discapacidad o en situación administrativa irregular-; y perfeccionar los circuitos de atención integral de la violencia machista declarándolos servicios esenciales. Reforzar las medidas que faciliten la autonomía económica dirigidas a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género; ampliar la red de recursos, según los estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad; establecer un sistema de recogida de información homogéneo y permanente de monitoreo de la acción de la Administración en todos sus niveles; y la elaboración de las comisiones de seguimiento del Pacto de Estado en Congreso y Senado de informe cuatrienial de actividad y de evaluación, completan las medidas pactadas, informa la misma agencia.

El acuerdo, aprobado en las Cortes en 2017 y que tenía que caducar en septiembre de 2022, ha logrado el máximo respaldo parlamentario. Andrea Fernández ha afeado que Vox no se haya sentado para el acercamiento de posturas, antes de apuntar que el discurso de la formación verde está «vertebrado» en que la violencia de género «no existe».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado su confianza en la renovación del Pacto con el mismo consenso alcanzado en el año 2017 y ha reconocido la disposición del PP para lograrlo. «Me he reunido con los grupos de la Cámara y, pese al clima político en otros ámbitos, he visto al PP con absoluta responsabilidad de Estado para poder asumir esa actualización del Pacto», ha asegurado Montero en una entrevista en TVE, recogida por la agencia Europa Press. Curiosamente su partido es el que se abstuvo en 2017 para su entrada en vigor, Unidas Podemos, además de EH Bildu, y es el mismo que ha impulsado y planteado al resto de grupos parlamentarios actualizar el dictamen del Pacto contra la Violencia de Género que se suscribió en el Congreso de los Diputados hace cuatro años. Posteriormente, los morados sí respaldaron la ponencia del Senado sobre el Pacto de Estado, que se resolvió por unanimidad. «Este es el momento de reafirmar el consenso político para la erradicación de todas las violencias machistas», indicó la Secretaría de Estado de Comunicación en un comunicado. El viernes pasado, en una rueda de prensa ofrecida por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell , anunció que a partir de enero de 2022 se van a computar todas las violencias machistas en la misma estadística, esto es, casos como los asesinatos de Laura Luelmo o Diana Quer van a quedar reflejados como violencia contra las mujeres o violencia de género.

Desde 2003, 1.118 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas; este año 2021 37 mujeres han muerto a manos de aquellos con quienes compartieron sus vidas.