Una lesbiana lleva a los tribunales su exclusión de la reproducción asistida

Tania , nombre ficticio de la demandante, compareció en la vista oral ante el juez tras denunciar al Ministerio de Sanidad, a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz.

Según ha expuesto a Efe la abogada de la pareja, Cristina Sánchez , que forma parte de la organización Women's Link Worldwide , Tania fue excluida del tratamiento de fertilidad en noviembre de 2014.

Meses antes, en julio de 2013, el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos habían aprobado una nueva cartera básica del Sistema Nacional de Salud en la que la financiación de la reproducción asistida se ofrecía « por motivos terapéuticos o preventivos ».

Esta decisión se fijó en una orden ministerial publicada el 31 de octubre de 2014, en la que se excluyó de los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres sin pareja masculina .

La inclusión del requisito generó el rechazo de comunidades como Andalucía, Asturias, País Vasco o Islas Canarias, así como de asociaciones de homosexuales, al entender que deja fuera de la financiación pública a lesbianas y mujeres sin pareja que pueden ser fértiles pero necesitan de estos tratamientos para poder ser madres.

Según la letrada, cuando la afectada pidió explicaciones por escrito, el propio director de la Fundación Jiménez Díaz le comunicó su exclusión del tratamiento «por no tener pareja masculina».

Seis meses después, en una nueva carta, el centro hospitalario la aceptaba de manera «excepcional» en el servicio de reproducción asistida.

En mayo pasado, explica la abogada, la unidad citó a Tania a consulta con un especialista del centro ante la revaluación «de todos los casos de pacientes», a la espera de recibir instrucciones «sobre la adaptación de la cartera de servicios por parte de la Comunidad de Madrid».

Pese a ello, las dos mujeres han demandado a las administraciones y al centro por « v ulneración de los derechos fundamentales a la maternidad, a formar una familia», explica la abogada, quien asegura que Tania, de 39 años, alega que «pierde oportunidad de ser madre cada día que pasa» por el retraso en la posibilidad de seguir el tratamiento.

Ambas han decidido mantener el caso para que ninguna otra mujer que opta por la maternidad sea discriminada por el sistema público de salud.

En la vista oral, Tania ha aportado tres peritajes , uno de ellos del exministro Bernat Soria; mientras que, por la parte demandada, ha dado testimonio la directora de la unidad de reproducción asistida de la Jiménez Díaz.

Tras la vista oral, fuentes de la Fundación Jiménez Díaz han indicado que todos sus pacientes son atendidos «por igual» al margen de sus condición u orientación sexual y han recalcado que el centro cumple de forma escrupulosa la legalidad vigente.

Según el centro, las pacientes están a la espera de iniciar un nuevo proceso tras dos tratamientos anteriores –el segundo en abril de 2015, tras la entrada en vigor de la nueva orden– y «no han sufrido ningún retraso» respecto «al resto de casos a los que en principio no afectaba la norma estatal».

Según la abogada de la pareja, las demandantes consideran « discriminatoria » la orden ministerial y creen que la Comunidad de Madrid no debería estar acatándola, pues les exige tener una pareja masculina a ella y a todas las demás mujeres.

La letrada explica que, al ser una orden ministerial, las comunidades autónomas pueden aplicarla o no .

Como ejemplo, pone el caso de Valencia , donde el cambio de gobierno regional en mayo pasado propició que ahora sí se permita el tratamiento a todas las mujeres sin restricciones –que financia la administración regional–.

La Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales ( FELGTB ) ha acompañado a las mujeres a las puertas del juzgado para expresarles su apoyo.