Manifestación frente a la escuela pia Santa Anna de Mataró (Barcelona)
Manifestación frente a la escuela pia Santa Anna de Mataró (Barcelona) - asamblea por una escuela bilingüe

Un colegio catalán burla a la Justicia y aisla a un alumno que pide más español

El Tribunal obliga a impartir una asignatura más en castellano al conjunto del aula, pero el centro la ofrecerá al alumno que lo solicita de forma aislada

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Los tribunales le obligan a impartir una asignatura troncal más en castellano a todos los alumnos del aula en la que se encuentra el estudiante que lo ha solicitado. Sin embargo, la escuela pía Santa Anna de Mataró (Barcelona), una de las dos a las que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha instado a ofrecer el 25% de las clases en esta lengua, ha buscado una salida in extremis para esquivar la medida.

La decisión se produce en medio de la presión del resto de familias del centro, que rechazan que su hijos estudien la materia en español. Familiares, docentes, alumnos y partidos (la mayoría del arco parlamentario catalán excepto PP y C’s) secundaron el miércoles una masiva protesta ante las puertas del centro a favor de la inmersión y para pedir que no se ejecutara el auto del Tribunal Superior de Cataluña. También hubo presión en las redes sociales contra la familia demandante.

Aplazarlo hasta septiembre

Coincidiendo con estas acciones, Agustín F. y su mujer remitieron al colegio un escrito en el que piden aplazar hasta el próximo curso la aplicación del 25% de castellano. «No lo hacemos por las presiones sino por una cuestión de lógica y organizativa», aclara la familia.

Hoy el escrito se elevará al TSJC, aunque la familia duda que puedan paralizarse las medidas antes del martes. El centro también lo duda, por lo que ha puesto en marcha su «plan b» para ejecutar la orden del tribunal, de manera que «tenga la mínima afectación en el desarrollo de nuestro proyecto educativo y lingüístico», según reza el comunicado de la escuela.

Portavoces de las escuelas pías confirmaron a ABC que el próximo martes, día tope que el TSJC les concede para aplicar la medida, el colegio de Mataró impartirá la materia desdoblada en dos grupos: uno para los que escojan recibirla en castellano y otro para los que opten por recibirla en catalán.

Agustín F., el padre de los dos niños a los que afecta la sentencia, no acepta esta solución, ya que, según denuncia en declaraciones a ABC, supone «incumplir» la resolución del TSJC, puesto que «no se imparte la materia a toda la clase en castellano».

Comunicado «ambiguo»

El padre recibió anteayer, como el resto de familias del colegio, una nota ambigua de la dirección en la que informaba de la fórmula final que había escogido para aplicar la ley.

En el comunicado, la dirección del colegio utiliza la palabra «desdoblar», pero no apunta abiertamente que habrá la opción de escoger también la asignatura en catalán. «Cuando nos reunimos con el director, el mismo lunes, el centro ya barajaba esta opción, aunque la idea que me transmitieron al final es que la clase se impartiría en castellano a todos los alumnos», dice Agustín, que expresa su sorpresa por la decisión final del colegio.

Convivencia Cívica Catalana (CCC), que asesora legalmente a la familia, considera que la salida que ha escogido el centro para aplicar las medidas cautelares «incumple el espíritu y letra de la resolución judicial». Portavoces de CCC afirman que «si se confirma que el colegio desdobla la materia para poder impartirla en catalán, emprenderemos acciones ante los tribunales».

Aplicación «conflictiva»

El caso de Mataró ha suscitado polémica debido a las acciones de presión que se han dado desde que trascendió la resolución del TSJC. La más importante, la manifestación en las puertas del colegio celebrada el pasado miércoles. Los concentrados, entre ellos varios concejales de Mataró de CiU, ERC e ICV-EUiA, exigieron el desacato a la sentencia.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) tildó de «antidemocrática» a la Generalitat por «su papel contra la escuela» de Mataró y defendió el derecho de las familias a pedir educación bilingüe. Denunció a las formaciones que secundaron la manifestación en el citado centro en la que «se apeló, sin rubor, a no cumplir la ley», advertía.