Fin al secreto bancario del Vaticano

La larga serie de escándalos del Instituto para las Obras de la Religión (IOR), conocido como Banca Vaticana, desde el reciclado de dinero de Cosa Nostra hasta los casos más recientes de contrabando de divisas por monseñor Nunzio Scarano, ha llegado a su fin por el único procedimiento para evitarlos. A partir de ahora, el banco entregará automáticamente a la Hacienda italiana todos los datos de las personas físicas, sociedades, diócesis, organizaciones católicas y órdenes religiosas con residencia en Italia.

De los casi cinco mil empleados del Vaticano, la gran mayoría son italianos. Sus sueldos seguirán exentos de impuestos, pero ya no podrán utilizar el banco del Vaticano para evadir los impuestos sobre ganancias de capital en cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, etc. Como ha repetido el cardenal George Pell, nuevo secretario de Economía del Vaticano, «la transparencia es la mejor medicina».

A partir de ahora ninguna persona física ni jurídica residente en Italia podrá ser evasor fiscal. No solo eso: el banco del Vaticano especificará el importe de las retenciones sobre intereses, etc., de modo que se convierte en colaborador técnico del fisco, como todos los bancos italianos.

La consecuencia es que los pocos clientes indeseables que todavía quedaban en el IOR, después de haber echado a casi tres mil, se acabarán marchando.

A algunos se les ha puesto la piel de gallina, pues el acuerdo es retroactivo: incluye el suministro de todos los datos desde el 1 de enero de 2009, es decir, los últimos cinco años. Según el comunicado hecho público ayer por el Vaticano, los interesados «podrán acceder a un procedimiento simplificado para regularizar sus actividades».

El tecnicismo «procedimiento simplificado» significa que se les aplicarán multas reducidas, previstas en una ley italiana del 2014 para favorecer el regreso de capitales al país. Es un sistema muy parecido al aplicado a los evasores fiscales en Suiza, con muy buenos resultados.

La reforma interna que ha llevado al Vaticano dejar de ser un «paraíso fiscal» comenzó en el 2010 por orden de Benedicto XVI, pero fue saboteada y ralentizada sistemáticamente por varios altos prelados que facilitaban negocios poco claros a compatriotas italianos con permiso para utilizar el Vaticano como banco «off shore».

La renuncia de Benedicto XVI en febrero de 2013 y el mandato de «hacer limpieza» encomendado al siguiente Papa en los debates del pre-cónclave aportaron la «voluntad política» que se echaba en falta desde los años sesenta, cuando estallaron los primeros escándalos.

Como no fueron atajados, la serie continuó hasta llegar, en 1982, al de la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano de Milán, con su secuela de muertos en extrañas circunstancias.

El presidente, Roberto Calvi, miembro de la logia masónica clandestina P2, se dio a la fuga, pero apareció ahorcado bajo el puente Blackfriars de Londres. Su secretaria falleció al tirarse o ser tirada por la ventana de la oficina. Michele Sindona, un extraño enlace entre la mafia siciliana y el IOR, murió envenenado por cianuro en la cárcel.

El banco del Vaticano (IOR), dirigido entonces por el obispo americano Paul Marcinkus, había firmado garantías a favor de actividades temerarias del Banco Ambrosiano, y terminó pagando 406 millones de dólares a título de «contribución voluntaria», un eufemismo que evitaba la palabra «indemnización» a las víctimas de la quiebra fraudulenta.

El sucesor de Paul Marcinkus en la presidencia del IOR fue, desde 1989 al 2009, el banquero italiano Ángelo Caloia. Al parecer tampoco era trigo limpio pues el fiscal del Vaticano, Giampiero Milano, inició el pasado mes de diciembre acciones penales contra él y contra el director general del banco en aquella época, Lelio Scaletti. Se les acusa de haber sustraído entre 50 y 60 millones de euros vendiendo inmuebles del Vaticano por debajo de su precio a sociedades creadas por amigos comunes.

Benedicto XVI encargó al nuevo presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, hacer una limpieza pero, en cuanto empezaba a poner orden, el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, forzó su cese sin avisar al Papa.

Una de las primeras decisiones de Francisco fue suprimir el «bonus» de 25.000 euros anuales que cobraban los cardenales supervisores del IOR por un trabajo que no hacían. Ahora es un cargo sin remuneración complementaria, como la mayoría de los puestos de supervisión en la Curia vaticana. El nuevo presidente del consejo supervisor es el cardenal español Santos Abril, especialista en poner orden y conocido por su eficacia.