Un centenar de directores de periódicos recriminan a Cameron los registros de las llamadas de los periodistas

Lo que ha suscitado esta airada reacción no es que la policía y los servicios de espionaje graben las llamadas -algo que tras lo que reveló el caso Snowden es más que probable que ocurra, aunque sea ilegal-, sino el simple hecho de que las fuerzas de seguridad accedan a quienes son los contactos con los que hablan por teléfono o se escriben por mail los periodistas. La queja ha sido compartida también por la web de la patronal de editores de prensa.

La carta lo explica así: “El mero hecho de que un funcionario público contacte con un periódico es información privilegiada. Que el funcionario contacte con un abogado o un médico dice poco, que el mero dato de que ha contactado con un periodista lo identifica como fuente y lo expone a ser perseguido”. Los directores creen que esa forma de intimidación haría mucho más difícil conseguir información y se acabaría empañando la calidad de la democracia. “Los demandantes del sector público no vendrán [a los periódicos] si saben que se exponen porque la ley facilita a la policía el acceso a voluntad a los registros de llamadas”.

La protesta llega después de que Cameron, a raíz de los atentados de París, anunciase su pretensión de prohibir en el país todas las aplicaciones que permiten el envío de mensajes encriptados, como WhatsApp o Telegram. La ministra del Interior, Theresa May, ha añadido su deseo de endurecer las leyes de vigilancia aprobadas en el año 2000, conocidas como RIPA, para controlar mejor las llamadas. “Ese código tiene que buscar un equilibrio entre la gravedad del crimen y el interés del público por proteger la confidencialidad de todas las fuentes periodísticas y potenciales denunciantes”, replican los directores.

La polémica se ha caldeado tras destaparse que Tom Newton, un periodista del diario sensacionalista “The Sun”, propiedad de Rupert Murdoch, sufrió el chequeo de su registro de llamadas por parte de la Policía Metropolitana mientras investigaba el llamado “Plebgate”, una polémica por sus modales clasistas que le costó el puesto a Andrew Mitchell, líder del grupo conservador en el Parlamento. En septiembre de 2012, Mitchell acudió a ver en bicicleta al primer ministro en su domicilio del número 10 de Downing Street. Los policías le pidieron que se apease de la bici y entrase por la puerta peatonal. El político se encaró con ellos y los llamó “jodidos plebeyos”, palabras que saltaron a la prensa y han sido confirmadas en un reciente juicio, acabando con la carrera prometedora del brillante Mitchell.

Los directores, entre los que figuran los de los tres grandes, “Daily Telegraph”, “Times” y “Guardian”, instan al primer ministro a “reconocer la importancia de las fuentes de los periodistas”. Bob Satchwed, de la sociedad de editores, es más directo: “El periodismo no es un crimen y no debe ser tratado como tal”.

Y es que se puede dar la paradoja que el ataque a “Charlie Hedbo”, que llevó a los principales presidentes europeos a marchar en París defendiendo las libertades occidentales, acabe provocando en la práctica una restricción de esos mismos derechos en nombre de la seguridad.