Mezquita-Catedral de Córdoba, la baza electoralista

Las embestidas del gobierno de Susana Díaz comenzaron en febrero pasado, cuando la propia dirigente socialista cogió las proclamas de una plataforma laica en internet como bandera de una reivindicación que hasta ahora ninguno de sus antecesores había esgrimido: la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Y para ello, no tuvo empacho en prometer un informe jurídico que diera solidez a un órdago desconocido. El penúltimo episodio, el protagonizado por el consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez (IU), la pasada Nochebuena, cuando amenazó a la Iglesia con acciones legales si en tres meses no arbitraba un patronato u órgano de gestión compartida con el resto de administraciones con respecto al turismo.

Díaz, confesa cofrade, ha reiterado sin argumentos de peso que lo acrediten la búsqueda de un «diálogo» del que resulte una gestión compartida del monumento respetando el culto católico. Apelando a una presunta propiedad «del pueblo» y con unos invitados a la mesa como sus socios de IU que ya han hecho bandera electoralista claramente del asunto. Incluso llevando al Senado la posibilidad de un rezo compartido con los musulmanes de fraguarse la propiedad pública del templo. En lo anecdótico, la presencia de los inconfundibles arcos bicolor en la cartelería de actos preelectorales que la coalición de izquierdas está organizando últimamente.

En la Iglesia no dan crédito a lo que está sucediendo, mientras intenta contrarrestar el vendaval con una importante campaña de difusión de las acciones de la Mezquita-Catedral y de su titular, el Cabildo, en el apartado social y de gestión y conservación del monumento. Justo cuando se celebra el 775 aniversario de su consagración como catedral tras la entrega en 1236 del recinto por parte de Fernando II El Santo al entonces obispo de la ciudad. La polémica ha llegado al Vaticano y no se descarta que en las próximas semanas, los obispos del Sur se reúnan con la propia Susana Díaz para intentar parar en seco lo que se considera un disparate.

Hay algunas claves para poder aproximarse a este pasaje no exento de ribetes anticlericales. La primera es la embestida sobre la titularidad. Fue la primera fase de críticas en las que la Junta de Andalucía anunció el famoso informe jurídico. La cascada de argumentaciones históricas, jurídicas (especialmente registrales) y políticas, con una contundente respuesta del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y un informe del Patrimonio del Estado que reconocían la propiedad eclesiástica, ralentizó la presión.

Al taponarse esta vía, las críticas derivaron en las llamadas inmatriculaciones, oinscripciones registrales de bienes. El foco de la polémica. La Iglesia inscribió en 2006 en el Registro de la Propiedad a la Mezquita-Catedral en base a la ley hipotecaria vigente de 1946, modificada por el Ejecutivo de Aznar y que, curiosamente, no cambió Zapatero y ahora ha modificado el Ejecutivo de Rajoy para equiparar estos actos jurídicos que la Iglesia podía hacer equiparándose sus prelados a la figura de fedatarios públicos. Ahora tendrá que seguir el trámite general, pero sin mayor trascendencia en el carácter registral.

Se acercaban las elecciones europeas y las puertas de instituciones como el Parlamento andaluz se abrían a la plataforma laica cuyos argumentos seguían siendo considerados entre los responsables de la Junta. Llegó la hora del uso y gestión del templo y monumento. La principal exigencia era que desde la Iglesia se estaba ocultando la «huella islámica» de la Gran Mezquita omeya. Especialmente en el uso del nombre del recinto (solo Catedral) como en los folletos turísticos.

Esta nueva vuelta de tuerca omitía por un lado que la edificación de los diferentes califas se hizo sobre la basílica visigoda de San Vicente y que hasta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había premiado a los arquitectos conservadores del templo en 2007 por su labor. La Mezquita-Catedral es un monumento único en el mundo, donde perviven estilos arquitectónicos y vestigios de culturas como un libro de historia de la propia ciudad (capiteles romanos o decoración bizantina, entre nervaduras góticas o arcos de herradura).

Ítem más. Hacia junio, y en plena efervescencia, la Unesco eleva el reconocimiento universal de la Mezquita-Catedral y vuelve a elogiar la labor eclesiástica como mantenedora del recinto, fundamental, precisamente, para conservar la «huella islámica». En los últimos años, con ayudas públicas en menor proporción, el Cabildo ha gastado unos 20 millones de euros en preservar el edificio, al que ha ido agregando atractivos turísticos como una visita nocturna o la subida a la torre (antiguo alminar). Un uso defendido también por el Ayuntamiento de Córdoba como gran escaparate de la ciudad, y ratificado hasta por operadores turísticos a nivel europeo. Resultado, un año donde por primera vez se rebasará la cifra de 1,5 millones de euros.

Lo curioso del caso es que esta fractura entre lo político y religioso también es inédita. Ejemplos de estrecha colaboración, y sobre todo, reconocimiento del papel y la propiedad de la Iglesia sobre la Mezquita de Córdoba los hay en buen número. Desde convenios firmados por la Junta de Andalucía para rehabilitar zonas del edificio, hasta acuerdos con el gobierno comunista de la ciudad, con Rosa Aguilar al frente, para promover las visitas nocturnas, entre otros. Desde el propio Cabildo, o incluso el consistorio, se contraponen a la defensa de la gestión pública de IU y PSOE el último caso fraudulento de entradas en la Alhambra, que dirige un patronato público, o la situación que sufre el yacimiento arqueológico de Medina Azahara en Córdoba, en puertas del sello Unesco y cuya responsabilidad recae sobre la Junta de Andalucía, que se enfrenta a una caída de visitantes importante y problemas de promoción y difusión de este ejemplo de ciudad califal.

El reciente ultimátum de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía dando tres meses al Cabildo para compartir el edificio de su propiedad mete a la Mezquita-Catedral en la precampaña electoral de las municipales puesto que dicho plazo acabaría en marzo y, entonces, llegarían las «acciones legales» con las que ha amenazado el Ejecutivo autonómico a la Iglesia. Tal fuerza cobra esta tesis, que la pasada Nochebuena, el titular de Turismo, Rafael Rodríguez, acudía a la invitación del Cabildo -que ha pedido por escrito este nuevo órdago para contestar a la Junta- con dos altos cargos de la Junta en Córdoba que serán, a su vez, los candidatos de IU y PSOE a las próximas municipales.

Nadie duda ya de que la presión sobre el templo y monumento se ha convertido en un poderoso argumento electoral de PSOE e IU en plena caída en los sondeos frente a la irrupción de Podemos. Una especie de búsqueda de nuevos terrenos ideológicos donde repescar adeptos, creen algunos. Lo cierto es que IU y PSOE son, ahora mismo, la tercera y cuarta fuerza política en el Pleno municipal de Córdoba, al que aspira en 2015 «Ganemos Córdoba» en colaboración con la formación de Pablo Iglesias. El temor a que en la ciudad gobernada por IU y el Partido Comunista durante 30 años, el efecto demoledor que se atisba en los sondeos sea aún peor mantiene inquietos a muchos de sus dirigentes.

La última clave, con menos indicios claros por ahora, estriba en el objetivo final de una campaña artificial y con muy boca base contra la gestión católica en la Mezquita-Catedral. La simbología islámica de este edificio en las continuas proclamas sobre el Al-Andalus perdido lanzadas desde terrorismo yihadista. O lo que pudiera representar para las emergentes economías de Oriente Próximo. Pero todo ello son conjeturas que no dejan de planear sobre una polémica cuyo final no parece escrito aún.