El CGPJ afronta dividido la reforma de la ley del aborto de Gallardón

Tres prórrogas, dos informes y al menos tres vocales partidarios de esperar a que primero se pronuncie el Tribunal Constitucional. Así llega el anteproyecto de ley del aborto al Pleno extraordinario convocado hoy en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), profundamente dividido ante el informe que el órgano de gobierno de los jueces tiene que enviar a Justicia para que la ley comience su andadura parlamentaria.

Aunque se espera que el borrador de la vocal conservadora Carmen Llombart obtenga los votos suficientes para sacarlo adelante, no está tan claro que lo consiga, pues no lo respaldan la totalidad de los vocales propuestos por el PP. De hecho, dos de ellos, Nuria Díez y Fernando Grande-Marlaska, han presentado alegaciones, la primera para cuestionar la introducción del supuesto de malformación por el que abogan las dos ponentes (al considerar, como el anteproyecto, que reconocer las anomalías atentaría contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad), y el segundo porque cree que el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse primero sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la todavía ley vigente (ley Aido). Otros dos vocales, Enrique Lucas (propuesto por el PNV) y Mercè Pigem (CiU) son también partidarios de esperar a que haya un pronunciamiento del TC sobre el asunto.

Más clara parece estar la postura del sector progresista del Consejo, donde los vocales propuestos por el PSOE parece que apoyarían la ponencia de la vocal Pilar Sepúlveda , partidaria de retirar esta reforma por inconstitucional y «anacrónica».

Precisamente ayer, el Consejo Fiscal aprobó su informe sobre la reforma, que considera «inoportuna». Para el Consejo Fiscal, el anteproyecto «carece de coherencia» al excluir -en todos los supuestos- la sanción a la mujer embarazada desprotegiendo un interés constitucionalmente relevante como es el nasciturus. Al respecto, considera procedente mantener la previsión de una sanción a la mujer que se causa su propio aborto o consiente que otro se lo cause.

El Consejo Fiscal sostiene que la opción de sancionar penalmente la interrupción del embarazo, al retornar al sistema de indicaciones puede ser acorde con la doctrina constitucional, siempre y cuando se respete el principio de proporcionalidad, que debe ponderar los intereses constitucionalmente reconocidos, el nasciturus y los derechos de la mujer embarazada.

En el caso de interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica, apuesta por desligar la posibilidad de abortar de la afectación psíquica de la madre, al igual que las dos ponentes del CGPJ. Por ello, subraya que la supresión del supuesto de aborto eugenésico podría entenderse como una opción sobre la que se debe reflexionar a la luz de la experiencia de la aplicación de las leyes anteriores, de la regulación existente en los países del entorno que también han suscrito la citada Convención y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.