Cinco comunidades descartan aplicar la la nueva ley de Educación el próximo curso

En la comparecencia se anunció una batería de «medidas paliativas» contra la Lomce que, en el caso andaluz, pasarán por seguir impartiendo Educación para la Ciudadanía y Enseñanzas Artísticas, seguir organizando la Educación Primaria en ciclos y completar la Formación Profesional Básica con cien horas de formación troncal, para que «los alumnos de estas enseñanzas alcancen una titulación y no estén en desigualdad frente a quienes cursan la ESO». Respecto a este punto, el de la FP básica, el consejero andaluz ya envió el pasado 28 de mayo al ministro de Educación, José Ignacio Wert, una carta en la que manifestaba su «estupor por la irresponsabilidad de que a estas alturas la respuesta del ministerio sea solicitar, vía correo electrónico, la estimación de los costes de implantación de la FP Básica».

Antes de esa misiva, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía había mandado a los centros escolares de la comunidad unas instrucciones en las que se aseguraba que «resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y publicada a tiempo». Y como consecuencia, continuaba la nota, «cada centro docente mantendrá la ordenación curricular contemplada en su Proyecto educativo». Pero desde la Consejería insistían ayer en que «no somos insumisos, solo hemos hablado de un año de transición».

El País Vasco también habla de «transición» por falta de tiempo, ya que asegura que los nuevos materiales curriculares no estarán hasta diciembre. El lendakari , Iñigo Urkullu, asegura que acatará la ley… pero al menos con un año de margen respecto al resto, como ya pasó con la aplicación del copago farmacéutico. Entonces, al igual que ahora, Euskadi recurrió al Tribunal Constitucional, que le obligó a cumplir, con un año de retardo. De momento, ha negociado con éxito la derivada lingüística de la ley Wert y el ministerio aprueba que la oferta educativa en castellano es suficiente en el sistema educativo vasco.

En Cataluña el rechazo a la Lomce es también muy fuerte y la Generalitat pretende esquivarla el curso que viene. Su consejera, Irene Rigau , ha denunciado que la nueva ley perjudica al modelo lingüístico catalán e insiste en que es técnicamente imposible poder aplicar el próximo curso la nueva norma porque hay que preparar un decreto especial.