Cinco comunidades ven «imposible» implantar la Lomce el próximo curso

En una rueda de prensa conjunta celebrada en en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, puerta con puerta con la sede del Ministerio, estas cinco comunidades que dicen representar al «52% del alumnado de todo el Estado», han reiterado su rechazo absoluto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ( Lomce ), contra la que cada una presentará un recurso de inconstitucionalidad, y han criticado la «precipitación» del departamento que dirige José Ignacio Wert en su puesta en marcha.

La comparecencia de estas comunidades, todas las que no tienen gobierno del PP salvo Navarra, se produce unas horas antes de que esta tarde se reúna la Conferencia Sectorial de Educación, en la que será la primera reunión tras la entrada en vigor de la reforma a comienzos de año entre los representantes autonómicos y Wert. En ella se abordarán los decretos de los nuevos currículos que se deberán implantar a partir del próximo curso, en el que la ley se empezará a aplicar en Primaria y FP Básica.

La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha señalado que el desarrollo normativo de la Lomce por parte de las comunidades autónomas requiere un plazo mínimo de nueve meses, entre su redacción, los informes, el contraste con la comunidad educativa y la aprobación, por lo que ve «inviable» que esté lista antes de final de año.

La catalana Irene Rigau ha estimado entre cinco y diez años el periodo de tiempo necesario para implantar una ley de este tipo. «En ningún npaís se ha querido implantar en dos meses», ha subrayado.

El consejero andaluz, Luciano Alonso, ha anunciado que su comunidad aprobará sus propios decretos de enseñanza y que mantendrá su programa de gratuidad de los libros de texto, pero solo para aquellos que sigan la norma autonómica, no la estatal.

Varias representantes, especialmente la asturiana Ana González, han criticado también la falta de información sobre la FP Básica , una de las principales novedades de la ley, de la que las comunidades desconocen si será de oferta obligatoria en todos los centros y «quién lo pagará».

También la viceconsejera de Canarias, Manuela de Armas, destacó la falta de financiación para aplicar la ley, especialmente en cuanto a la FP Básica. De hecho, dijo haber sido «testigo directo» de una reunión en la que el Ministerio no facilitó esa información, que demandaban también comunidades gobernadas por el PP.