La joven sudanesa condenada por convertirse al cristianismo podría ser «liberada en días»

Solo dos semanas antes, a la joven, que entonces se encontraba embarazada y convivía en prisión con su hijo de veinte meses, le fueron otorgados tres días para que abandonara su fe. Sin embargo, cuando el juez Abbas al Jalifa le preguntó el pasado 15 de mayo a Ibrahim si volvería al islam su respuesta no fue esquiva: «Soy cristiana», admitió.

Desde entonces, el caso ha despertado una oleada de protestas internacionales. En virtud de ellas, su situación parece haber dado un vuelco en las últimas horas: Según confirmaba este sábado el Gobierno de Sudán, la joven podría ser «liberada en apenas unos días». Las declaraciones fueron realizadas por Abdullahi Alzareg, subsecretario del ministerio de Exteriores, quien aseguró que el país africano se compromete a garantizar la libertad religiosa, así como a proteger a la mujer.

No obstante, en declaraciones a ABC, Gabriel Wani, cuñado de la condenada, aseguraba que la familia desconoce los términos del anuncio.

Precisamente, el cambio de actitud se produce después de que el primer ministro británico, David Cameron, pidiera a Jartum que revocara la sentencia a muerte impuesta a la joven.

«Estoy absolutamente horrorizado por la decisión de condenar a muerte a Meriam», aseguraba en un mensaje difundido en su perfil de la red social Twitter.

La infamia del caso no solo se encuentra en la condena, también en un defecto de forma. «¿Cómo va a volver al Islam si nunca fue musulmana?», se preguntaba en los medios locales Daniel Wani, un sudanés cristiano de nacionalidad estadounidense y marido de Ishaq desde 2011. A pesar de que el padre de la joven sudanesa era musulmán, esta fue criada por su madre, quien es cristiana. En este sentido, la condenada aduce que su padre se divorció de su madre cuando ella tenía tan solo seis meses, por lo que fue educada en el cristianismo.

Por ello, no se antoja conversión posible: la doctora creció en un hogar cristiano y nunca profesó otra fe.

Junto a la condena a muerte por apostasía, la Justicia sudanesa también declaró nulo su matrimonio, ya que la «sharía» (ley islámica) no permiten que una mujer musulmana se case con un cristiano. No obstante su (ex)marido goza de un permiso carcelario para que pueda visitar a su (ex)esposa dos veces por semana y con una duración de veinte minutos en cada encuentro. En su última visita, Wani logró conocer, al fin, a su nueva hija, «Maya».

«El hecho de que una mujer pueda ser condenada a muerte por su opción religiosa y a la flagelación por estar casada con un hombre de una religión supuestamente diferente es abominable», asegura Manar Idriss, analista de Amnistía Internacional para Sudán.

Para Idriss, «adulterio» y «apostasía» son actos que no deben ser considerados delitos en absoluto y que mucho menos cumplen con el estándar internacional de los «delitos más graves» en relación con la pena de muerte.

«Es una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos», añade.

En virtud de la legislación sudanesa, la pena de muerte de la doctora Ishaq no se aplicará hasta dentro de dos años, cuando termine el periodo de lactancia de la hija a la que dio a luz dentro de prisión

No es un caso aislado. En 2012, dos mujeres acusadas de adulterio eran condenadas a muerte por lapidación. Sin embargo, tras una masiva protesta internacional, la sentencia fue anulada. Un caso similar al de la periodista sudanesa Lubna Hussein. El 3 de julio de 2009, esta joven era condenada junto a otras doce compañeras a una pena de 40 latigazos por vestir pantalones en un lugar público. «Cuando ocurrió no me lo podía creer. Pensaba que era una broma de mal gusto. Estaba tranquilamente con unas amigas en una restaurante de la capital, Jartum, cuando varios policías nos abordaron bajo la acusación de vestir ropa indecente», aseguraba entonces a ABC.

Tras meses de batallas legales, Lubna abandonaría la cárcel después de que la Unión de Periodistas pagara una multa cercana a los 140 euros. Otras no tuvieron tanta suerte. En la actualidad se estima que 700 mujeres cumplen condena en las cárceles sudanesas por ir en contra de la ley islámica. La campaña represiva se enmarca en la promesa del presidente Omar Hassan al Bashir de implementar una Constitución «100 por cien» islámica tras la secesión de Sudán del Sur (de mayoría no musulmana) en julio de 2011.

Ya el pasado año, facultativos médicos sudaneses amputaban la mano derecha y el pie izquierdo de un hombre acusado de robo por orden judicial del Gobierno de Jartum. La acción se produjo en febrero, cuando miembros del hospital gubernamental Al Rebat llevaron a cabo la mutilación cruzada de Adam Al Muthna, de tan solo 30 años de edad.

La sentencia de Muthna, quien en marzo de 2006 atacaba un autobús de pasajeros entre el norte de Kordofán y el este de Darfur, fue aplicada conforme al artículo 168 del Código Penal sudanés, que castiga así el robo a mano armada cuando este provoque lesiones graves o desperfectos por valor aproximado de 1.500 libras sudanesas (algo menos de 260 euros).

«La amputación cruzada es una forma de tortura patrocinada por el Estado», asegura el doctor Vincent Iacopino, asesor principal de la organización Physicians for Human Rights. «La complicidad del personal médico en tales prácticas representa una violación patente de los principios éticos (del colectivo)», añade. Este era el primer caso de miembros cercenados por el Estado desde 2001, lo que demuestra el creciente auge de la «sharía» (ley islámica) en el país africano.