Condenada a la horca en Sudán por convertirse al cristianismo

«El hecho de que una mujer pueda ser condenada a muerte por su opción religiosa y a la flagelación por estar casada con un hombre de una religión supuestamente diferente es abominable», asegura Manar Idriss, analista de Amnistía Internacional para Sudán.

Para Idriss, «adulterio» y «apostasía» son actos que no deben ser considerados delitos en absoluto y que mucho menos cumplen con el estándar internacional de los «delitos más graves» en relación con la pena de muerte.

«Es una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos», añade.

No es un caso aislado. En 2012, dos mujeres acusadas de adulterio eran condenadas a muerte por lapidación. Sin embargo, tras una masiva protesta internacional, la sentencia fue anulada. Un caso similar al de la periodista sudanesa Lubna Hussein. El 3 de julio de 2009, esta joven era condenada junto a otras doce compañeras a una pena de 40 latigazos. ¿Su delito? Vestir pantalones en un lugar público. «Cuando ocurrió no me lo podía creer. Pensaba que era una broma de mal gusto. Estaba tranquilamente con unas amigas en una restaurante de la capital, Jartum, cuando varios policías nos abordaron bajo la acusación de vestir ropa indecente», aseguraba entonces a ABC.

Tras meses de batallas legales, Lubna abandonaría la cárcel después de que la Unión de Periodistas pagara una multa cercana a los 140 euros. Otras no tuvieron tanta suerte. En la actualidad se estima que 700 mujeres cumplen condena en las cárceles sudanesas por ir en contra de la ley islámica. La campaña represiva se enmarca en la promesa del presidente Omar Hassan al Bashir de implementar una Constitución «100 por cien» islámica tras la secesión de Sudán del Sur (de mayoría no musulmana) en julio de 2011.

Ya el pasado año, facultativos médicos sudaneses amputaban la mano derecha y el pie izquierdo de un hombre acusado de robo por orden judicial del Gobierno de Jartum. La acción se produjo en febrero, cuando miembros del hospital gubernamental Al Rebat llevaron a cabo la mutilación cruzada de Adam Al Muthna, de tan solo 30 años de edad.

La sentencia de Muthna, quien en marzo de 2006 atacaba un autobús de pasajeros entre el norte de Kordofán y el este de Darfur, fue aplicada conforme al artículo 168 del Código Penal sudanés, que castiga así el robo a mano armada cuando este provoque lesiones graves o desperfectos por valor aproximado de 1.500 libras sudanesas (algo menos de 260 euros).

«La amputación cruzada es una forma de tortura patrocinada por el Estado», asegura el doctor Vincent Iacopino, asesor principal de la organización Physicians for Human Rights. «La complicidad del personal médico en tales prácticas representa una violación patente de los principios éticos (del colectivo)», añade. Este era el primer caso de miembros cercenados por el Estado desde 2001, lo que demuestra el creciente auge de la «sharía» (ley islámica) en el país africano.

No obstante, las paradojas del régimen de Jartum hacia el islamismo radical no terminan con la aplicación de penas bárbaras. Otrora líder espiritual de Sudán, el dirigente del Partido del Congreso Popular sudanés, Hasan al Turabi, era detenido a comienzos de 2011 durante la psicosis regional ante un posible contagio de las revueltas árabes.

Y lo cierto es que este no era el primer desencuentro entre el régimen de Bashir y el opositor islamista. En 2003, tras cerca de una década de peregrinaje político (donde sirvió, incluso, de «Cicerone» del líder de Al Qaida, Osama Bin Laden), Turabi fue encarcelado por planear un golpe de Estado, supuestamente, financiado por el islamismo radical. Desde ese momento, sus idas y venidas de la cárcel son ya continuas.