La nueva «adopción abierta» permitirá a los niños mantener contacto con su familia biológica

El Gobierno apuesta por priorizar el acogimiento familiar. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende que los menores de tres años vivan con una familia sin que deban pasar por un centro, y en los casos en que haya más hermanos, se buscarán las opciones que permitan que estén juntos.

Por otra parte, en la propuesta presentada se simplifica la constitución del acogimiento, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez, y se creará el Estatuto del Acogedor Familiar, en el que se recogerá el derecho de estos a ser oídos por la entidad pública antes de emitir cualquier resolución que afecte al menor. Las familias acogedoras recibirán valoraciones para su idoneidad, al igual que sucede con las adoptantes.

Habrá tres tipos de acogimiento familiar:

-De urgencia (para menores de 6 años con una duración no superior a 6 meses).

-Temporal (duración máxima de dos años y se resolverá cuando se prevea la reintegración familiar del menor o la adopción de una medida más estable, como la adopción).

-Permanente (se constituirá pasados los dos años de acogimiento temporal y tendrá lugar cuando no sea posible la reintegración familiar o en casos de menores con necesidades especiales, si las circunstancias lo aconsejan).

Una vez entre el menor en el sistema de protección de las administraciones, se deberá elaborar un plan individual de atención, que se revisará cada tres, seis o doce meses en función de la edad del niño o la niña.

La reforma busca agilizar la adopción y se completarlo con más garantías. En este sentido, según explican fuentes del Ministerio, para menores en desamparo no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación.

Iniciado el expediente, la tramitación seguirá adelante si los padres biológicos no comparecen tras la citación.

Además, se unifican los criterios para las familias adoptantes, entre los que el Ministerio subraya la imposibilidad de adoptar a quien esté privado de la patria potestad de un hijo.

Otra de las novedades que se introducen es la posibilidad, antes de que la entidad pública proponga al juez el expediente de adopción, de que se inicie un periodo de convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanecerán siempre en una familia y se les evitará pasar por un centro de acogida.

También se establece un sistema de adopción abierta, es decir, la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica, en lo que el juez contará con el visto bueno de la familia de procedencia, de la adoptiva y del propio menor.

Asimismo, se reconoce el derecho de acceso a los orígenes de los niños adoptados, lo que podrán cursar una vez alcanzada la mayoría de edad o antes por medio de sus representantes. Según la reforma propuesta, podrán conocer datos como la identidad de sus padres, su historia médica o la de su familia, para lo cual las entidades públicas asegurarán la conservación de la información que dispongan durante al menos 50 años.

También se recogen medidas para las madres que deciden dar a su hijo tras el parto: deberán dar su consentimiento seis semanas después del nacimiento, y no en 30 días como hasta ahora, y no habrán de renovar dicho asentimiento transcurridos seis meses.

Además, los padres y madres que se ofrezcan para la adopción y acogedores tendrán derecho a ausentarse de sus puestos de trabajo para acudir a las sesiones informativas obligatorias y a las de valoración de su idoneidad, obligatorias ambas. Para ello será necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto del Empleado Público.

También se introducen medidas sobre los procesos de adopción internacional para dotarles de mayor seguridad jurídica por cuanto se clarificará el ámbito competencial para dichos trámites. Así, la decisión de autorizar adopciones corresponderá a la administración general del Estado, al igual que asumirá la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional, las ECAI, previo informe de las comunidades autónomas.