De los atentados del 11-S a Snowden, la seguridad como excusa

Tuvo que ser un ‘chivato’ quien desencadenara una reacción pública ante los ataques a la privacidad. Hace poco menos de un año, Edward Snowden, un informático que trabajaba para una empresa contratada por la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA, en sus siglas en inglés) filtró a los medios una gran cantidad de información sensible, como el espionaje de EEUU fuera del país –incluidos mandatarios de todo el mundo- o la vigilancia masiva de las comunicaciones de los ciudadanos. EEUU ejecuta un programa en el que almacena toda las comunicaciones telefónicas de los ciudadanos y puede requerir su información personal a terceras partes (bancos, proveedores de tarjetas de crédito, compañías telefónicas, proveedores de Internet) sin una necesidad real de una orden judicial. Sus tácticas para ciudadanos no estadounidenses son todavía mucho más invasivas.

El efecto de las revelaciones de Snowden –perseguido por la justicia de EEUU y a quien se le ha llamado de todo, desde ‘traidor’ a ‘héroe’- ya se han notado. Obama nombró un grupo de expertos para que elaborasen recomendaciones sobre cómo limitar los ataques a la privacidad sin descuidar la seguridad del país. El comité recomendó el pasado diciembre detener el almacenamiento de las comunicaciones telefónicas, exigir órdenes judiciales para el acceso a la información privada, refinar y limitar el espionaje a ciudadanos y mandatarios no estadounidenses, tomar medidas para salvaguardar la libertad en Internet y establecer un organismo independiente para la protección de la privacidad y las libertades civiles. Además, entre sus conclusiones aseguraba que algunas de las medidas más duras, como el almacenamiento de las comunicaciones telefónicas había servido de poco en la lucha antiterrorista.

Obama reaccionó en enero a las recomendaciones con unas limitaciones a la NSA que se quedan a medio camino. El presidente aseguró que el Gobierno dejará de almacenar los registros telefónicos -algo que pasará a ser responsabilidad de las compañías de teléfonos- de los estadounidenses, excepto “en casos de emergencia”, un concepto que todavía está sin definir. Además, aseguró que la información recabada de ciudadanos extranjeros sólo se almacenará durante un tiempo y solo para casos de antiterrorismo y ciberseguridad. No mencionó la protección de las libertades en Internet y se refirió con mucha indefinición al espionaje a mandatarios extranjeros: “Los jefes de Estado y de Gobierno con los que trabajamos de cerca, y de cuya cooperación dependemos, deben tener la confianza de que los estamos tratando como verdaderos socios”, aseguró. Si alguien esperaba un cambio de rumbo radical en las prácticas de la NSA, se llevó una gran decepción.

En el difícil balance entre seguridad y privacidad, EEUU se ha inclinado con claridad sobre la primera. Los tímidos progresos a favor de la privacidad parecen tener más que ver con el escándalo público suscitado por Snowden que con un deseo de defender las libertades personales que forman el cimiento democrático del país.