Los médicos piden que no se considere a la mujer «enferma mental» para abortar

La Organización Médico Colegial primero recuerda que los poderes públicos son responsables de conciliar sensibilidades diferentes y critica que la fórmula elegida por Justicia para que las mujeres puedan abortar sea argumentar que haya un grave peligro para la salud psíquica de la futura madre. La declaración señala que la mujer que decide abortar «no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental». También critica que para certificar ese grave peligro para su salud psíquica se necesite el informe de dos médicos diferentes como condición para interrumpir el embarazo. La OMC cree que basta con el criterio de un único profesional. «No es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros».

Además, en el texto se manifiesta la «inequidad» que puede derivarse por la reciente transposición de la directiva europea de asistencia sanitaria. Esta directiva permite recibir tratamiento en cualquier país europeo con la tarjeta sanitaria. En el caso del aborto permitirá interrumpir la gestación en cualquier país de la UE, salvo Malta e Irlanda, si asume su coste.

Los médicos piden introducir en la nueva ley que solo sea necesario informar a uno de los dos progenitores de la menor de 16 y 17 años de la decisión de su hija de interrumpir su embarazo. El anteproyecto de Justicia pide que sean informados el padre y la madre o su tutor. La declaración afirma que solo se obvie esta información cuando alegue fundadamente (certificado por los servicios sociales) que provocará un conflicto grave (peligro cierto de violencia familiar, amenazas, coacciones, malos tratos o situación de desarraigo o desamparo).

Además, aboga por una educación sexual y reproductiva «decidida» y el acceso gratuito a la píldora de emergencia (del día después) en los hospitales, centros de salud y de orientación familiar. Si el Gobierno hace caso a esta petición reiterada de los médicos significaría el adiós a la venta libre y sin receta de este anticonceptivo de emergencia. La píldora del «día después» volvería a tener un mayor control médico, el que se perdió con la reforma socialista.

La declaración institucional considera «necesario promocionar y favorecer activamente políticas específicas y de apoyo económico a la maternidad responsable y especialmente a familias con hijos con minusvalías y necesidades de cuidados específicos».

La OMC recuerda que los médicos no pueden negar, ocultar o manipular información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad de su embarazo, por lo que la objeción de conciencia del médico se puede admitir en acciones directas pero no en actuaciones indirectas. Esto quiere decir que un médico o cualquier personal sanitario objetor estaría obligado a dar toda la información necesaria sobre la posibilidad de interrumpir su gestación a una mujer, aunque quedaría exento de participar en el proceso.

Los colegios médicos consideran que la ley debería especificar que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser realizada «por personal sanitario cualificado para ello».