Bruselas propone un recorte del 40% en emisiones de CO2 para 2030

Con este paquete de medidas sobre energía y cambio climático, el Ejecutivo comunitario pretende dar seguimiento al triple objetivo obligatorio que la UE se fijó para 2020: un 20% de recorte de emisiones, un 20% de cuota de renovables y un 20% de ahorro energético.

Sin embargo, la fuerte crisis económica que ha vivido la UE en los últimos años ha dejado en segundo plano la lucha contra el cambio climático y ha hecho que aumente la presión para relajar las metas de reducción de emisiones y de renovables, en particular de la industria, que alega que está perdiendo competitividad respecto a empresas de otras áreas del mundo con legislación medioambiental menos estricta.

Estas presiones han surtido efecto a la hora de relajar el objetivo de renovables y prescindir del de eficiencia energética. Pero por lo que se refiere a la reducción de emisiones, finalmente se ha impuesto la meta del 40% que defendía la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, frente al 35% por el que apostaban los responsables de Industria, Antonio Tajani, y Energía, Günther Verheugen. El objetivo del 40% cuenta con el apoyo de España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda -que firmaron una carta conjunta-; pero también de Irlanda, Dinamarca, Suecia, Eslovenia, Portugal o Finlandia.

Pero la patronal europea, BusinessEurope, ya ha dicho que un recorte del 40% sería excesivo porque el resto de socios internacionales de la UE no están haciendo esfuerzos comparables. En contraste, las organizaciones ecologistas creen que el objetivo del 40% no es suficientemente ambicioso para frenar el calentamiento global.

En cuanto a las renovables, finalmente sí habrá una cuota jurídicamente vinculante para el conjunto de la UE del 27%, algo que hace unos días parecía descartado.

Sin embargo, Bruselas renuncia a fijar metas individuales para cada Estado miembro, como ocurre en la actualidad, alegando la necesidad de respetar las importantes diferencias en la cesta energética de cada país.

Mientras Alemania y Francia han firmado una carta con otros seis países - Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal- en la que piden a la Comisión un nuevo objetivo de renovables para 2030 que incentive las inversiones en el sector, otros países con Reino Unido rechazan un objetivo obligatorio porque su apuesta se dirige más a la energía nuclear o al gas pizarra.

Tampoco España -donde las primas a las renovables son uno de los factores que ha disparado el déficit de tarifa eléctrica- quiere que la UE fije un nuevo objetivo para 2030. Los Estados miembros deberán elaborar planes de acción obligatorios, en los que expliquen qué pretenden hacer en materia de renovables.

El Ejecutivo comunitario evaluará si los planes son suficientes para alcanzar el objetivo europeo y, en caso contrario, podría pedir medidas adicionales o incluso legislar. El objetivo que sí desaparece por completo para 2030 es el de eficiencia energética. Bruselas lo justifica por la necesidad de estudiar la cuestión más en profundidad en la revisión de la directiva sobre eficiencia energética, que debe concluir a finales de este año.

Sólo entonces se planteará si es necesario modificar la legislación. La Eurocámara había reclamado una cuota obligatoria de ahorro energético del 40%. Los nuevos objetivos deberán ser refrendados por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 en la cumbre que celebrarán a finales de marzo.

Además de los nuevos objetivos en materia de energía y cambio climático, Bruselas ha propuesto este miércoles una propuesta para reformar el mercado de emisiones de CO2 creando una reserva de estabilidad.

En concreto, la Comisión plantea que en momentos de crisis económica puedan retirarse del mercado permisos de CO2 para evitar un exceso de oferta y que los precios se desplomen. Estos permisos pasarían a la reserva de estabilidad, en la que se incluirían ya los 900 millones de toneladas cuya subasta se ha aplazado hasta 2019-2020, y volverían al mercado cuando la economía vaya bien y aumente el consumo energético.

Bruselas propone que los criterios para determinar cuándo deben retirarse permisos de CO2 del mercado estén predefinidos -teniendo en cuenta las previsiones económicas de la Comisión o los índices de producción industrial- y se apliquen de forma automática, sin una autoridad central de regulación.