El Papa refuerza las leyes penales del Estado del Vaticano y la Curia romana

La primera novedad consiste en extender a la Curia romana -el conjunto de departamentos como congregaciones, pontificios consejos, etc. que se ocupan del gobierno de la Iglesia-, las leyes penales que están vigentes para el Estado del Vaticano, que es el pequeño territorio que sirve de base para la actividad del Papa. De este modo se extienden a la Curia las convenciones internacionales contra crímenes de guerra, discriminación racial, derechos de los niños, abolición de la cadena perpetua limitándola a un máximo de 35 años, etc.

Es también interesante el refuerzo de la cooperación jurídica internacional, en la idea de poner fin a las trabas que el Vaticano ha puesto a veces a la justicia italiana, la que más tiene que lidiar con posibles conductas delictivas debido a la contigüidad geográfica.

La modificación de la ley penal firmada hoy por el Papa extiende la responsabilidad penal a todos los dependientes, incluido personal técnico y auxiliar, y no sólo dentro del Vaticano sino en cualquier lugar del mundo donde desempeñen su tarea como por ejemplo en nunciaturas, misiones en encuentros internacionales, etc.

Toda la lógica del documento lleva a una mayor rapidez en la clarificación de posibles delitos y eficacia en el ca stigo . Por ese motivo, se hace responsable también a las personas jurídicas –departamentos, fundaciones, etc.- de los delitos que puedan cometer sus empleados si se descubre que lo hacían a beneficio de la entidad. Nadie puede pensar que tiene permiso para saltarse la ley si lo hace «por el bien» del departamento en que trabaja.

El Estado del Vaticano nació en 1929 a raíz de los Pactos Lateranenses firmados con el Gobierno italiano, y adoptó como ley penal el código italiano de 1889 y como ley procesal el código italiano de 1913. Esas vetustas legislaciones fueron modernizadas por Benedicto XVI en el 2008, pero necesitaban una nueva puesta al día para incorporar mayor rigor y rapidez, introduciendo, por ejemplo, la incautación preventiva de bienes y otros mecanismos habituales en la mayoría de los sistemas jurídicos.

Este nuevo paso del Papa Francisco no será el último, pues el funcionamiento de los tribunales y la maquinaria penal del Vaticano es bastante farragoso, como se vio el año pasado durante el proceso a Paolo Gabriele , el mayordomo de Benedicto XVI, condenado a una pena muy benévola después de haber divulgado gran cantidad de documentos confidenciales. Es probable que esa «benevolencia», que molesta a quienes trabajan con seriedad, se acabe también en un futuro próximo.