El medio rural, en la encrucijada

Hablamos, por tanto, de un imparable proceso de aglomeración urbana a escala planetaria que, en paralelo, trae despoblación en amplias extensiones, con los consiguientes fenómenos de desertización y abandono en muchos casos.

Y haciendo foco, si miramos ese fenómeno mundial en clave española y andaluza , encontramos distintos gradientes en la cuestión de la despoblación, ante los que se hace necesario actuar de inmediato.

En España, el envejecimiento de la población, la disminución de jóvenes, la baja tasa de natalidad y la reposición demográfica negativa están provocando una terrible desertización humana en el 53% del territorio nacional. Y esos mismo efectos, atenuados, comienzan ya a notarse en muchas comarcas del interior de la Andalucía rural .

En nuestra Comunidad Autónoma , las zonas con menos de 50 hab/km2 representan el 65,92% del suelo andaluz. Y dentro de ese entorno poco poblado, el 14,36% del territorio -73 municipios- están por debajo de 8 hab/km2, con índices similares a los de las zonas más alejadas de las Highlands escocesas o de la Laponia noruega. Además, en ese contexto, la mitad de las localidades actuales -389- están perdiendo población en este siglo XXI, con el factor común de que el 90% de esos municipios rurales son de menos de 5.000 habitantes.

Por lo tanto, en esta tierra, el desafío está manifestándose con nitidez, aunque no alcance el calificativo de grave en comparación con otras regiones del país.

Pero lo que dejan claros estos datos es que tenemos la obligación, desde todas las administraciones, de arbitrar y conservar las herramientas y políticas que, bien aplicadas, mantengan y fijen a la población en el medio rural. Solo así Andalucía podrá continuar presumiendo de su red de pueblos y ciudades medias como todavía hoy lo hace.

Y para ello, instrumentos como la PAC o el Programa de Fomento de Empleo Agrario, unidos a una firme defensa de nuestros productos agroalimentarios -como la amenazada aceituna negra hoy-, deben adecuarse a la realidad y defensa de nuestro agro.

En el caso de la PAC , ésta debe garantizar, por encima de todo, la renta de los agricultores y ganaderos, acompañando esas ayudas con una apuesta por la diversificación económica local mediante el Leader. Y si así debe ser, lo que no puede Bruselas es plantear recortes del 16% a ese presupuesto, porque de así hacerlo, la PAC solo traerá mayor precariedad en las rentas y el empleo, abandono de la actividad y despoblación en el medio rural.

Además, no puede volver a pasar lo que ocurrió en el último reparto nacional, donde Andalucía perdió 1.052 millones de euros y, en paralelo, será necesario distribuir las ayudas directas mediante un tope máximo por explotación. Porque no es de recibo que, a día de hoy, el 80% de los beneficiarios reciban el 20% de las ayudas y, el 1,25% de los perceptores se embolsen el 27% de los fondos. Y todo ello, también, deberá acompañarse de medidas transversales en la PAC frente a la erosión y la desertificación, así como de la defensa frente a las prácticas comerciales desleales, como ahora está aconteciendo con la aceituna negra sevillana.

Y junto a la PAC, la otra gran herramienta a reforzar y revisar es el Programa de Fomento de Empleo Agrario. Un sistema que garantiza las rentas de los eventuales del campo, que trajo la paz social en el inicio de la democracia al agro andaluz y que, a día de hoy, sigue mostrándose versátil y abierto a cambios y mejoras. Ahí, sin duda, debe existir el compromiso firme del gobierno central con el Programa , porque sostiene la renta de los que más lo necesitan en nuestros pueblos más rurales.

En definitiva, resulta ineludible abordar de lleno la difícil encrucijada en la que se encuentra un medio rural que, sin duda, mengua en todas partes y a escala planetaria, pero que sigue siendo vital para garantizar la conservación, la sostenibilidad y la despensa de una Humanidad que, de aquí a 2030, tendrá 1.000 millones de nuevos habitantes.