Así vivía el «Dioni de Almensilla» en el Caribe

La versión oficial facilitada por la Policía es que el empresario fue deportado por las autoridades dominicanas por encontrarse en situación irregular en el país , y que su salida fue comunicada a España, facilitando así la detención.

Tras ser apresado en el aeropuerto y puesto a disposición de un juzgado madrileño en funciones de guardia, Mateos Palacios fue enviado a la prisión de Soto del Real. De esa manera se detenía el reloj de los plazos que obliga a presentar ante el juez a un detenido no más tarde de las 72 horas. Fuentes judiciales confirmaron a los medios que se espera que el famoso tesorero pueda declarar en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Coria entre hoy y mañana. El juez que le va a tomar declaración está a la espera de que sea trasladado desde la prisión madrileña.

Desde el juzgado coriano se impulsó la orden de búsqueda y captura internacional que ha tardado meses en ejecutarse. Fue la pasada primavera cuando se dictó, a pesar de que hacía casi un año que se había denunciado la desaparición de casi cuatro millones de euros de una de las cuentas de los comuneros de Almensilla y se le había perdido la pista al supuesto responsable del agujero económico. En este largo tiempo ha influido el consabido atasco judicial y que por el juzgado se han sucedido varios jueces sustitutos, ralentizándose así cada trámite procesal.

Ha transcurrido más de un año entre la denuncia que formuló el presidente de la junta de compensación contra su tesorero y la detención de Mateos Palacios; unos meses que este último ha empleado para desarrollar su negocio del aceite en el país caribeño. Fuentes del caso explican que la intención del empresario era llegar al mercado venezolano, usando la República Dominicana como «puente» de sus actividades . El hecho de que pesara una orden judicial contra él no desbarató sus planes. «Él lo dejó todo bien atado aquí antes de marcharse», señala una fuente directa del caso.

En República Dominicana vivía de manera desahogada, pero de forma discreta sin llamar la atención. Estaba al tanto de los avances que se iban produciendo en las investigaciones judiciales porque se conectaba casi todos los días para consultar la cuenta de Facebook que tiene la junta de compensación. En esa página se cuelgan las noticias con las novedades en los procedimientos judiciales abiertos y los administradores detectaron que desde la marcha de Mateos Palacios se producían conexiones desde el país caribeño .

La investigación policial apunta a la hipótesis de que el tesorero fue tirando de los fondos de la cuenta de la junta de compensación desde el año 2006 hasta que se destapa el desfalco en 2015 con el único fin de invertirlo en su negocio de aceite . Éste se fue a pique en España porque la Policía Nacional descubrió que estaba utilizando un producto adulterado, que permitía abaratar el precio, convertirse en una marca competitiva y atraer así las miradas de los principales supermercados.

Cuando los agentes procedieron a detener a su hermano, a su hija y a su yerno, el «Dioni de Almensilla» ya había cogido tierra de por medio. «Si bien en un principio ofrecía una calidad a un precio competitivo, finalmente, y bajo el mismo etiquetado, vendía aceite de semillas o de orujo, e incluso aceite lampante (usado como combustible para lámparas) y no apto para el consumo humano», señalaba ayer la Policía en un comunicado.

Aún no se ha escuchado la versión de Julio Mateos, tan sólo se ha difundido el email que remitió a la directiva de la junta el 27 de mayo del año pasado, en donde reconocía que se había apoderado del dinero pero no lo había podido restituir. Las mismas fuentes aclaran que a Santo Domingo no pudo llevarse todo el dinero que presuntamente sacó de la cuenta de los comuneros, ya que «una buena parte» lo había invertido ya en sus negocios paralelos.

En estos momentos el «Dioni de Almensilla» tiene tres frentes judiciales abiertos: la supuesta apropiación indebida de los 3,9 millones que se instruye en el juzgado de Coria y otros dos casos que se tramitan en los juzgados de Sanlúcar la Mayor. Se trata de una supuesta estafa en la simulación de una operación de «leasing» de una máquina envasadora y la causa por el delito contra la salud pública , derivado de la posible adulteración de aceites.