«No quiero nada gratis, lo que quiero es un alquiler social», denuncia una vecina de San Juan de Aznalfarache que va a ser desahuciada

Lioba llegó a San Juan desde su tierra natal, Las Palmas, hace unos 16 años. «Primero estuvimos en la calle Juan de Austria y unos meses después nos mudamos a la Cooperativa, donde vivo ahora. Intentamos alquilar, pero no había nada en el mercado y nos vimos obligados a comprar . Yo no quería. Venía de un alquiler en Las Palmas y quería seguir así».

El estallido de la crisis inmobiliaria lo cambió todo. «Tuvimos que elegir entre pagar la hipoteca o comer» . Entonces ya había nacido el primero de sus dos hijos, que ahora va a cumplir 16 años. La mala situación económica acabó deteriorando también su relación de pareja y desde hace unos años vive sola con sus dos hijos . «No tengo trabajo, soy cuidadora no profesional de mi hijo pequeño que tiene una minusvalía», explica Lioba.

Desde que comenzaron los problemas intentó negociar con el BBVA, con el apoyo del 15M y del Ayuntamiento. Le prometieron una dación en pago y un alquiler social, pero el banco no cumplió, según el mismo comunicado de prensa. Después fue una de las dos familias andaluzas que se acogieron a la Ley de la Función Social de la Vivienda que aprobó la Junta de Andalucía. El artículo que permitía la expropiación de la vivienda si no se ofrecía alquiler social le abrió una puerta a la esperanza. Su caso incluso se publicó en el BOJA, junto a una familia de Huelva. «A ellos si les dieron el alquiler, el mío no llegó».

Desde entonces ha permanecido a la espera. Hasta que su comunidad de vecinos le dijo que habían recibido orden de pasar los recibos a Divernis, un fondo buitre. Ya no era propietario de la vivienda este banco. En septiembre recibió la comunicación del desahucio. «He intentado negociar pero nada. Llegaron a ofrecerme dinero para que saliera de la vivienda . Pero yo lo que quiero es un alquiler social, no quiero nada gratis. Lo que más pena me da es que van a echar a dos niños a la calle y cerrarán la puerta y esa vivienda va a quedar vacía».

Su caso, junto a otros cinco desahucios previstos en el primer trimestre, ha provocado una ola de solidaridad entre colectivos y vecinos que han creado una Plataforma en Defensa de la Vivienda. Han programado encierros de 24 horas en el Ayuntamiento todos los lunes y realizarán acciones sorpresa previas a los desahucios, además de concentraciones ante la vivienda en el día previsto para el lanzamiento.

El alcalde de San Juan de Aznalfarache , Fernando Zamora, ha respaldado las reivindicaciones de este movimiento ciudadano y se ha sumado a las mismas reclamando cambios en la legislación y competencias en la materia para los Ayuntamientos.

«Esto afecta a todos los Ayuntamientos de España, llevamos años haciendo frente a este problema sin tener competencias. En San Juan hemos creado una oficina de la Vivienda , una delegación específica y en 2019, por ejemplo, gastamos más de 160.000 euros para hacer frente a alquileres sociales. Es necesario un cambio en la legislación que garantice el derecho a la vivienda y la realización de alquileres sociales», señaló el alcalde.