El juez cita a declarar en septiembre a los alcaldes socialistas de Huévar

En primer lugar, el juez archivó el caso del fraude de la compra de votos porque entendía que el plan elaborado por el primer teniente de alcalde, Francisco Martín González Bejarano , nunca se ejecutó y, además, ya habría prescrito. Pero en la instancia superior se le conminó a reabrir el caso para seguir practicando diligencias como el cruce de datos del famoso manuscrito denominado 'Plan 1.000' de González Bejarano con los contratos realizados por el Ayuntamiento a los vecinos que aparecen en ese documento. Y en segundo lugar, el magistrado ha tenido que citar como investigados a los dos alcaldes que tuvo Huévar al haberse producido los hechos en la época en la que ellos tomaban las decisiones. Esto sucederá el próximo 17 de septiembre, según el auto dictado por el juez al que ha tenido acceso este periódico.

La clave de la investigación está en el cruce de los datos. El primer teniente de alcalde había hecho un listado de vecinos puerta a puerta a los que teóricamente había que exigir el voto para el PSOE a cambio de contratos en el Ayuntamiento. El objetivo era conseguir mil sufragios, de ahí el nombre del plan, que era el número que los socialistas creían que necesitaban, además de los votos que ya tenían garantizados del resto del pueblo, para revalidar la mayoría absoluta. El PSOE sospechaba que la candidata del PP, María Eugenia Moreno , estaba poniendo en peligro su histórica hegemonía en Huévar, por lo que supuestamente procedió a elaborar una estrategia que consistía en repartir contratos municipales a cambio del voto . El manuscrito de González Bejarano, principal prueba del caso, detalla sus direcciones, apodos y miembros de la familia que habían trabajado para el Consistorio o iban a hacerlo.

El juez archivó el caso tras tomar declaración al primer teniente de alcalde, que admitió ser el autor del documento, pero aseguró que fue sólo un plan que nunca se llevó a cabo. Sin embargo, la acusación del PP, que fue quien puso el caso en manos de la Fiscalía tras toparse con los papeles al llegar a la Alcaldía , solicitó que se reabriera para que se pudiera practicar una diligencia muy directa: el cotejo de los nombres de los vecinos que aparecían en el manuscrito con el listado de contratos municipales. La Audiencia instó a tomar esta medida y la Guardia Civil recibió la encomienda de hacer este trabajo , pero se encontró con una sorpresa: la mitad de los contratos habían desaparecido. La Intervención municipal explicó que esas contrataciones las gestionaba una asesoría externa y que nunca dejó las copias en el Ayuntamiento.

Por otra parte, este 'modus operandi' pudo haberse llevado a cabo durante años, por lo que el PP también solicita que se investigue si hubo un delito continuado , lo que eliminaría la posibilidad de la prescripción en las elecciones de hace más de una década. Por esta razón han sido citados a declarar como investigados Rafael Moreno, que fue regidor de Huévar durante 18 años y acumula una ristra de casos judiciales, y su sucesora, Áurea María Borrego, que gobernó el municipio en el anterior mandato tras años como primera teniente de alcalde. Ambos tendrán que comparecer el próximo 17 de septiembre en el juzgado para explicar si durante sus gobiernos fueron contratados los vecinos que aparecen en el manuscrito del 'Plan 1.000' como pago por su voto.