Batería de medidas en materia de vivienda en Alcalá de Guadaíra

En paralelo, se pedirá a los juzgados que se acojan a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra los desalojos sin alternativas habitacionales. Para mejorar la atención específica de los afectados, el Ayuntamiento quiere suscribir un convenio con el Colegio de Abogados de Sevilla.

Ahora el Consistorio aspira a implicar a administraciones, entidades bancarias y miembros de la judicatura en «una solución habitacional seria que dé respuesta al problema urgente de la vivienda para personas y familias con riesgo de exclusión social».

El delegado de Vivienda, Salvador Escudero afirma que el Ayuntamiento alcalareño «no será neutral en la lucha por una vivienda digna». Esto significa que actuará contra cualquier desahucio de vivienda habitual que no contemple una alternativa por parte del banco que la ejecuta. En este mismo sentido, la administración local pedirá a los bancos la paralización de estos procesos de familias en riesgo de exclusión social, reclamándoles el cumplimiento de Código de Buenas Prácticas.

El Ayuntamiento estudiará los procedimientos técnicos y administrativos para poder ejercitar los derechos de tanteo y retracto que legalmente le corresponden en asuntos relacionados por ejemplo con la venta de vivienda de los «fondos buitre» o los fondos para el alquiler social en caso de lanzamientos.

A estas medidas se unen las propuestas de IU para ahondar en la problemática, como la creación de una comisión de vivienda compuesta por representantes de los grupos políticos, más un jurista y tres técnicos de Urbanismo, Servicios Sociales y Vivienda que se reúna una vez al mes  y pueda estudiar la viabilidad de medidas como la adquisición de viviendas para acogimiento o alquiler social.