La Fiscalía sube a 23 años su petición de cárcel para la acusada de dejar a su bebé en la basura en Los Palacios por la «clara intención» de matarla

Durante esta última sesión del juicio, en la fase de conclusiones, la fiscal del caso ha elevado de 14 a 23 años de cárcel la petición de condena a la acusada, por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, con alevosía, la agravante de parentesco y la atenuante simple de drogodependencia.

Su petición final de prisión queda así definitivamente fijada en 23 años, incluso con la aplicación de la atenuante simple de drogodependencia, no incluida en su escrito inicial de calificaciones e incorporada merced al transcurso del juicio, pues la inculpada había alegado que había consumido cocaína, hachís y alcohol y una perito ha certificado que la bebé presentaba una exposición prenatal a elementos tóxicos como la cocaína y diferentes barbitúricos.

La petición de la Fiscalía incluye la prohibición a la encartada de acercarse a su hija o comunicarse con ella durante 24 años, si bien el Ministerio Público reclama de todos modos la retirada directa de la patria potestad sobre la víctima, o sea la bebé parida por la acusada. La acusada, en prisión provisional por el caso, cuenta con otra hija menor de edad, mientras la bebé fue entregada en acogida a una familia, siendo nominada como Nieves.

La fiscal del caso ha reclamado además, en sus conclusiones finales, tres años de prisión para el segundo acusado del caso y supuesto cómplice, José Antonio L.V., un varón con un 67 por ciento de grado de discapacidad intelectual reconocida al que la principal acusada encomendó la tarea de depositar en un contenedor de basura la bolsa de plástico en la que había introducido a su bebé recién nacida, la tarde del 18 de diciembre de 2023 en la vivienda de sus padres en Los Palacios.

Inicialmente, la Fiscal reclamaba para él seis meses de prisión, si bien en sus conclusiones ha elevado a tres años su petición de pena de cárcel. Aunque una perito ha asegurado que este varón de 44 años a la fecha de los hechos «no era consciente plenamente de los hechos, tiene una conciencia muy limitada y es vulnerable y muy manipulable«; la fiscal del caso ha puntualizado que su discapacidad mental »es moderada y que aunque mermada, sí tenía determinada «capacidad de comprender» lo que sucedía, con lo que ha descartado la eximente completa.

Después de que en el juicio la acusada asegurase que desconocía que estuviese embarazada, que acudió al aseo para «dar de cuerpo» al sentir dolor en el abdomen y que tras expulsar a la bebé hacia el interior del retrete quedó «en shock»; asegurando además que actuaba bajo los efectos de cocaína, hachís y alcohol; la fiscal del caso ha tachado de «inverosímil» su relato, señalando que el mismo está cargado de «contradicciones».

La fiscal del caso ha asegurado que en el juicio, ha quedado de relieve que la acusada ocultó supuestamente su embarazo a su familia y que por propia voluntad, dio a luz en el baño de la vivienda familiar «sin la más mínima diligencia» sanitaria o higiénica, pues parió a la bebé hacia el interior del inodoro; y a continuación introdujo a la recién nacida en una bolsa de plástico, a su vez envuelta en otra bolsa más; y «aprovechando» la discapacidad mental de José Antonio le ordenó que dejase a la bebé «dentro del contenedor», como así reconoció este acusado, si bien la inculpada ha asegurado que ella le dijo que dejase la bolsa al lado del cubo de basura pero no en el interior, para que alguien se hiciese cargo de ella.

Fueron unos vecinos quienes, ante los llantos de la bebé, actuaron para localizar la bolsa dentro del contenedor de basura, sacarla y movilizar la asistencia, confirmando los peritos que si no hubiesen intervenido estas personas, la bebé habría podido morir por hemorragia, hipotermia y asfixia, entre otros riesgos. Un agente de la Guardia Civil avisaba además que el cubo de basura estaba en un callejón al que sólo se acude si hay voluntad de visitar concretamente ese lugar.

La fiscal ha aseverado que la acusada actuó en todo momento con la «clara intención de causar la muerte» de su bebé recién nacida, mientras ella, en el uso de su última palabra, ha dicho que «en ningún momento» quiso que falleciera.

Aunque la defensa de la madre acusada ha alegado un informe de parte sobre una supuesta discapacidad intelectual de esta persona, una perito neutral ha asegurado que la inculpada cuenta con capacidad intelectual "suficiente" para percatarse de lo que hacía y que en el momento de los hechos no tenía alterada su capacidad mental. Para esta especialista, la mujer era consciente de la gravedad de los hechos.

Esta misma perito ha avisado por cierto, de que aunque la inculpada alegue un estado de "shock", se trata de un extremo que "no tiene causa médica (demostrable) ni es un término científico".

Su abogada defensora, en ese sentido, ha pedido que la pena de cárcel que se le imponga no supere los diez años, llamando a tener en cuenta factores como una confesión que la Fiscalía no aprecia después de que se ocultase supuestamente 12 días en otra vivienda, la drogodependencia, los traumas de su pasado como hija adoptada y el «shock» sufrido al parir a una bebé cuando según su tesis había acudido al baño a defecar. Así, ha llamado a empatizar con esta persona, que "no supo reaccionar" ante un parto sorpresivo.

El abogado defensor de José Antonio L.V., de su laso, ha reclamado su libre absolución, por una eximente absoluta derivada de que su discapacidad mental le impide «conocer la ilicitud de los actos», al tener la mentalidad de «un niño de cuatro años».