El grupo Abengoa, en una encrucijada legal y económica

El ranking de los concursos de acreedores de España lo encabeza ahora Martinsa Fadesa, que entró en concurso de acreedores en 2008 al no poder hacer frente a una deuda de 7.200 millones contraída con 45 entidades financieras. Otra compañía del sector inmobiliario, Reyal Urbis, pasó por el mismo trance en 2013 con un pasivo de 3.600 millones. Igual que Habitat, en 2010, con una deuda de 2.850 millones, y Sacresa, de la familia Sanahuja, con 2.635 millones de pasivo ese mismo año.

El grupo Abengoa, que lo conforman 325 empresas , se encuentra ahora en una encrucijada legal y económica. Si su matriz no logra un convenio con acreedores con los que tiene una deuda vencida de 153 millones de euros, podría ir a liquidación y el resto de filiales correrían riesgo de verse afectadas por posibles reintegraciones a cuenta de operaciones realizadas hasta dos años antes, según fuentes consultadas por ABC, que incluso plantean que «existe la acción revocatoria paulatina, que tiene un plazo de cuatro años», lo que podría afectar a los planes de refinanciación de 2017 y 2019. La falta de un plan de rescate para su filial Abenewco1, que concentra el negocio, podría llevar a los acreedores a ejecutar bienes en garantía de impagos y el grupo perdería activos esenciales para su actividad.

En cuanto a la junta general de accionistas convocada para el 3 y 4 de marzo para someter a votación la reprobación y cese del actual consejo de administración de Abengoa, presidido por Juan Pablo López-Bravo , expertos en la materia señalan que «las empresas en concurso tienen que seguir celebrando sus juntas de accionistas de manera normal, y máxime cuando estamos ante un concurso voluntario en el que las facultades de adminsitración sólo están intervenidas. Otra cosa sería los acuerdos que se adoptasen en esta junta, ya que si son lesivos para los intereses de los acreedores podrían ser revocados por el juez y la futura administración concursal». En este caso, es el juez Miguel Ángel Navarro Robles, juez de lo Mercantil de Sevilla, quien se ocupará del concurso de Abengoa.

Pero además, Abengoa tiene otra espada de Damocles: la querella que presentó contra Gonzalo Urquijo, su expresidente, y otros exconsejeros de la multinacional por parte de la empresa Inversión Corporativa, que agrupa a más de 300 accionistas de la segunda y tercera generación de las familias fundadoras de Abe ngoa (Benjumea, Aya, Abaurre, Solís y Sundhein).

La sociedad Inversión Corporativa, presidida por Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa, denuncia irregularidades en el segundo rescate financiero de 2019 por vaciar la matriz y trasvasar sus activos y negocio a Abenewco1. La Audiencia Nacional vio indicios de delitos en los hechos y derivó el asunto al Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, que en octubre comenzó la investigación. Casi un centenar de accionistas de Abengoa se han sumado a esta querella.