El Gobierno de Pedro Sánchez no rescata a Abengoa en el último consejo de ministros que podía hacerlo

PKF Attest y Grant Thornton, los asesores externos que contrató SEPI para decidir el rescate de Abengoa , concluyeron que la multinacional cumplía los requisitos para recibir ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, aunque matizaron que existían contingencias por pleitos y avales millonarios. A pesar de eso, la SEPI consideró que Abengoa no era 'elegible' para ser rescatada porque ya estaba en crisis en 2019 y porque tiene contingencias judiciales y extrajudiciales por 943 millones, así como salvedades fiscales por 2.000 millones no contemplados en su plan de viabilidad. Además, la SEPI argumentó que cualquier contingencia en la filial operativa Abenewco1 arrastraría a todas sociedades del grupo porque responden de forma solidaria en las operaciones de deuda

La empresa recurrió esa negativa basándose principalmente en los informes de los asesores externos que consideraban que Abengoa cumplía los requisitos aunque hubiera riesgos 'potenciales'. Sobre las contingencias fiscales, judiciales y extrajudiciales por 2.900 millones, indicó que la SEPI elige «los peores escenarios y, por tanto, los más improbables».

La multinacional sevillana, empresa referente en agua y energía, facturó 1.037 millones de euros en 2021 , cuando registró un ebitda de 160 millones de euros. Emplea a 11.000 empleos en el mundo, 2.500 de ellos en Andalucía. Una parte de los trabajadores están encerrados en la sede del grupo, en el Campus Tecnológico Palmas Altas de Sevilla, mientras que los representantes de comités están encerrados en la sede de la SEPI en Madrid, para reclamar el rescate de la compañía por parte del Gobierno central.

La deuda del grupo se sitúa en torno a los 4.900 millones de euros, de los cuales 3.737 millones son de Abenewco 1 y su perímetro, según fuentes de la compañía. La deuda es con proveedores, entidades financieras, fondos y el propio Estado, sobre todo Hacienda, la Seguridad Social, el CDTI o Cofides.

Actualmente, la matriz de Abengoa tiene el 100% de Abenewco2, que a su vez es propietaria de Abenewco2bis, que es la dueña de Abenewco1, que concentra el negocio y los activos de la multinacional. Es decir, que Abengoa S.A., en concurso de acreedores, es actualmente dueña de Abenewco1 de forma indirecta. El rescate ha sido solicitado, sin embargo, por seis filiales de la multinacional porque la matriz del grupo, Abengoa SA. está en concurso de acreedores, mientras que la propia Abenewco1 tiene deudas con la Seguridad social y Hacienda.

El plan de reestructuración financiera de Abengoa estaba sustentado en cuatro pilares: el primero, la recepción por parte de la SEPI de 249 millones de euros en forma de créditos a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas; el fondo estadounidense TerraMar Capital prestaría 140 millones de euros para pagar a los acreedores deuda vencida e inyectaría otros 60 millones en forma de capital para hacerse con el 70% de Abenewco1; entidades financieras y el CESCE otorgarían 300 millones de euros en avales para poder optar a concursos internacionales; y los acreedores y proveedores aceptarían la condonación o conversión en capital de casi 3.000 millones de euros.

En base a ese plan, la futura Abengoa quedaría en manos de TerraMar (70%) y los acreedores como KKR, BlueMountain,, Signature, Alden Canyon, Goldman Sachs, Melgar o Santander (30%). A este plan se ha opuesto Clemente Fernández, presidente de la matriz de Abengoa , ya que esta empresa es actualmente dueña del 100% de Abenewco1 de forma indirecta y en el plan de reestructuración financiera quedaría con cero participaciones. La matriz de Abengoa, en concurso de acreedores, redacta ahora el convenio de acreedores que presentará y cuya aprobación está pendiente del rescate por la SEPI.

Si el grupo Abengoa, con más de doscientas empresas, va a liquidación, la empresa advierte de que el grupo no podría pagar unos 270 millones de euros al Estado: 30 millones de euros pendientes de pago con la Seguridad Social; 50 millones de euros a Hacienda; 22 millones de euros al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación por préstamos blandos; 10 millones de euros Cofides, empresa participada en un 53% por el Estado a través del Ministerio de Industria y Comercio, el ICO y Enisa; 157 millones de euros en avales a la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce), que depende del Ministerio de Industria; así como indemnizaciones por despido que tendría que atender el Fogasa.

Además, la caída de Abengoa supondría para el Estado la pérdida de ingresos en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social o IVA. Así, cuantifican en 54 millones de euros anuales lo que supondría dejar de percibir las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores residentes en España; 67 millones de euros los impuestos que actualmente paga por IVA y Sociedades. Si los ; y 15 millones de euros lo que costarían las prestaciones por desempleo si van al paro los 2.500 empleados que ahora tiene en España la multinacional. Además, de Abengoa dependen miles de empleos indirectos de empresas subcontratistas.

En 2017, Abengoa cerró su primer rescate financiero, con más de 8.000 millones de euros en quitas y capitalizaciones. En 2019, el que fuera presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, cerró el segunda rescate, que supuso la conversión de 3.000 millones de euros de deuda en bonos. El tercer rescate negociado por el actual presidente de Abenewco1 (filial operativa del grupo), Juan Pablo López-Bravo, supondrá la condonación o conversión en acciones del grupo de casi 3.000 millones de euros, dejando a la multinacional con una deuda corporativa neta de 599 millones de euros.