El juez de la compra de votos de Huévar del Aljarafe imputa a los dos alcaldes del PSOE

Los documentos aparecieron en unas cajas que iban a ser destruidas después de las últimas elecciones, en las que el PSOE no logró obtener mayoría absoluta después de 36 años de hegemonía, pero la trituradora de papeles se averió. Los socialistas no se dieron prisa en cambiarla porque pensaban que iban a poder seguir gobernando en coalición con Podemos, pero en el Pleno de constitución del Ayuntamiento saltó la sorpresa y la Alcaldía cayó por primera vez en manos del PP. Esa misma tarde, la nueva alcaldesa, María Eugenia Moreno , decidió cambiar la cerradura del Consistorio y gracias a esa medida los papeles se quedaron dentro del edificio.

Moreno los llevó a la Fiscalía, que acabó presentando una demanda contra Martín Bejarano. Sin embargo, el juez instructor de Sanlúcar la Mayor archivó la causa tras tomarle declaración alegando que el principal investigado había explicado que hizo esos listados, pero nunca ejecutó el plan. Y añadió que en todo caso los hechos estaban prescritos. Pero el PP recurrió el sobreseimiento y el resultado fue la orden de reabrir la causa por parte de la Audiencia y el encargo a la Guardia Civil de que se incautase de toda la documentación que hay en el Ayuntamiento sobre contratos a las personas que aparecen en los manuscritos del «Plan 1.000» . Este proceso ya está en marcha, aunque en mitad de las pesquisas saltó una sorpresa. Los contratos habían desaparecido. Concretamente, los agentes solicitaron todos los expedientes de 1052 contratos realizados por el Ayuntamiento en los años investigados, pero faltan 690. La interventora municipal emitió un informe el pasado 27 de abril en el que asegura que «solicitados documentos obrantes en esta Secretaría-Intervención por parte de la Alcaldía, y a instancias del equipo de Policía Judicial de Sanlúcar la Mayor, perteneciente a la Comandancia de Sevilla, Unidad Orgánica de Policía Judicial, de la Guardia Civil, por orden judicial dimanante del juzgado mixto número 5 de Sanlúcar la Mayor , resulta que se ha preparado la documentación solicitada de las personas que se relacionan en la petición, a excepción de los TC completos, ya que no al no haberse pagado no constan en la contabilidad».

La Guardia Civil trabaja ahora en recuperar toda la documentación. Pero entretanto la Audiencia ha dado otro paso más admitiendo el recurso del PP en el que solicita que se cite como investigados a los últimos alcaldes socialistas de Huévar, Rafael Moreno y Áurea Borrego , ya que entiente que la supuesta compra de votos se produjo bajo sus respectivos gobiernos y, en último extremo, tienen derecho a conocer las investigaciones que se están llevando a cabo en su contra. El primer atestado será determinante. Pero la Audiencia ve claros indicios de un fraude electoral que era 'vox populi' en muchos pueblos andaluces.