El caso 'Koldo': una trama de corrupción que también apunta a Obras Públicas y Regadíos

Fue el empresario Víctor de Aldama, comisionista de la red fraudulenta, quien relacionó a OPR con mordidas a funcionarios para conseguir contratos de obra pública, señalando al también conocido como Toño y a su hermano Daniel Fernández. Este último es, a su vez, consejero del conglomerado de OPR y administrador de una nueva sociedad que se creó precisamente para explotar el citado tanatorio y cementerio en 2021: Servicios Funerarios del Aljarafe. Una decisión que, supuestamente, estrechaba más su vínculo con esta presunta trama de corrupción que está en manos de la Justicia y por la que los representantes de OPR declararon ante el juez.

El presidente de todo el conglomerado y administrador único de Obras Públicas y Regadíos es José Antonio Tomás Palmer, también responsable de otras ramificaciones como OPR Seomer, OPR Desarrollos, OPR Edificación o Grupo OPR. Todas ellas, o la gran mayoría de las mismas, han formado UTE como la que ganó el concurso del tanatorio de Mairena y que se han unido a empresas vinculadas por Aldama a la trama 'Koldo' como Áridos Anfersa. Una entidad en la que trabajaba la mujer del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y que logró, supuestamente, importantes contratos relacionados con las obras públicas, la mayoría de ellos vinculados con Adif.

En su momento, tal y como informó este periódico, el propio Aldama señaló que «según la UCO, don Daniel y don Toño solicitaron de don Koldo García que ejerciera su influencia sobre el presidente de Adif, don Ángel Contreras, para que su constructora ganara el contrato de una obra de emergencia para el tramo Monforte de Lemos-Lugo». Fue este uno de los asuntos 'destapados' por el empresario y que apuntaba directamente al supuesto vínculo de Koldo con la adjudicación de contratos públicos a diferentes empresas nacionales. Una de las que a partir de entonces se vio involucrada en esta trama fue la propia Obras Públicas y Regadíos que, según las fuentes municipales consultadas por este periódico, habría visto reducida su facturación y sus contratos de forma ostensible a partir de entonces, lo que le ha llevado a entrar en una situación de concurso de acreedores.

Fue en el año 2015 cuando se registró la primera aparición de OPR en la Plataforma de Contratación del Estado. Entonces, se le adjudicaron cuatro obras a una UTE formada junto a Mantenimiento de Estaciones SL, ahora en situación concursal. Los siguientes contratos le llegaron en 2019, cuando firmó cuatro contratos con la Diputación de Granada en menos de tres meses por un importe total de 586.940 euros. A partir de su unión con Áridos Anfersa las adjudicaciones con la empresa pública Tragsa se dispararon.