Condenado un alumno de un instituto de Gines por hackear el correo de su profesora

El menor accedió, sin permiso, a la cuenta corporativa de Google Drive vinculada al correo de la profesora donde ella almacenaba, entre otra información, distintos modelos de exámenes. Este alumno, desde mediados de febrero hasta inicios de abril de 2022, sin consentimiento y violando las medidas de seguridad pertinentes, accedió desde su teléfono móvil en numerosas ocasiones a la cuenta drive/nube virtual vinculada a la cuenta de Google corporativa de la educadora, donde ésta guardaba información tanto de carácter personal como corporativa.

Según se desprende de la propia denuncia que la mujer interpuso en la Guardia Civil, las sospechas se centraron desde un inicio en un alumno en concreto. Es sabido que este tipo de alertas de accesos no autorizados revelan, entre otros datos, el tipo y la marca de dispositivo que ingresan a la cuenta de Google Drive.

La marca y el modelo del terminal móvil que allí se reseñaba era el mismo dispositivo que la profesora pilló guardándose al menor para copiar durante un examen en fechas anteriores.

Según el abogado de la profesora, «este tipo de delitos tecnológicos son extremadamente difíciles de perseguir por su complejidad a la hora de identificar al autor de los hechos». En este caso concreto, «se deduce que el intruso podía ser alguien del entorno de la educadora que estuviese interesado en el tipo de información que guarda aquella en la nube».

Por tanto, ante tal escenario confuso, «solo cabía la posibilidad de identificar al autor de los hechos a través de la dirección IP que podría identificar a un dispositivo en Internet o en una red local», explica este letrado experto en delitos informáticos.

Tras las investigaciones oportunas, se logró identificar una determinada dirección IP vinculada a un usuario y a un lugar de conexión concreto. «Los investigadores llamaron al número de teléfono asociado a la dirección IP y, para su sorpresa, respondió el propio menor, el cual, además, se encontraba en ese momento en el instituto».

En virtud a un acuerdo entre las partes, en el juicio la Fiscalía modificó sus conclusiones, a las que se adhirieron la acusación particular y la defensa. El joven mostró su conformidad con los términos del acuerdo y el pago de la cantidad reclamada en vía judicial por la representación la víctima, mil euros.

Consecuencia de ello, el juez ha impuesto al menor, como responsable de un delito contra la intimidad, la medida de 55 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad y la obligación de pagar la cantidad de 1.000 euros a su profesora en concepto de daño moral.