El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la petición de indulto para el joven que robó una bicicleta hace siete años

Esta declaración puede pesar en la decisión que debe tomar el Gobierno porque el Consistorio es el titular del servicio público Sevici que se vio afectado por el hurto cometido por Adrián, cuando tenía 18 año,s y un amigo menor.

«El Ayuntamiento, como entidad titular del servicio municipal del préstamo de bicicletas, quiere interceder ante las autoridades judiciales para evitar los citados efectos indeseados de una entrada en prisión a todas luces innecesaria. Si Adrián entrara en prisión, se dañará el proceso vital de esta persona perfectamente integrada en el mundo sociolaboral y el de toda su familia, que en un marco de creciente precariedad, depende económicamente por completo de su salario», señala la declaración institucional.

El Ayuntamiento se dirige así al Ministerio de Justicia para que acepte la petición que está provocando una oleada de adhesiones desde que se hizo público el caso.

Entre los argumentos que esgrime la defensa del joven es su situación personal y laboral. Adrián es padre de dos hijos y su sueldo como ayudante de cocina es el único ingreso familiar .

El juez del Penal nº 13 de Sevilla que resolvió en contra de la suspensión de la ejecución de la pena, que hubiera evitado el ingreso en prisión, tuvo en cuenta que después de aquel hurto cometió un allanamiento de morada por el que le concedieron la suspensión. Pero después volvió a delinquir al ser cazado conduciendo con el carné retirado.

Su abogado subrayaba en su escrito dirigido al Ministerio de Justicia que la peligrosidad y criminalidad de su cliente «es nula» y que los antecedentes no suman más de 16 meses de condena.

En la web change.org se recogen firman a favor del indulto de este joven de Dos Hermanas. La iniciativa ha salido del Grupo de Juristas 17 de marzo y a las 19.00 horas de este viernes, ya habían firmado 623 personas. «Se trata de una decisión injusta que se enfrenta manifiestamente al mandato del art. 25.2 de la Constitución que dispone que las penas privativas de libertad “estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social».